Tomás, padre de la persona adolescente relacionada con el proceso penal contra Jorge Armando Genaro Rubio, asegura que policías, personal del DIF y una agente del Ministerio Público presionaron a su familia. Sus afirmaciones todavía requieren corroboración y no dejan sin efecto la vinculación a proceso vigente.
El proceso penal contra Jorge Armando Genaro Rubio, exalcalde de Tlalnepantla, abrió un nuevo frente después de que el padre de la persona adolescente reconocido como persona víctima cuestionara públicamente la actuación de policías municipales, personal del DIF y de una agente del Ministerio Público.
En un video dirigido a las autoridades, el hombre —a quien identificaremos únicamente como Tomás para proteger la identidad del adolescente— sostiene que el caso fue construido a partir de presiones, declaraciones inducidas y actuaciones irregulares.
Sus acusaciones son graves, pero hasta ahora constituyen su versión de los acontecimientos. Para establecer si existió una fabricación del caso será necesario revisar las declaraciones videograbadas, los dictámenes periciales, el Informe Policial Homologado, las comunicaciones que asegura conservar y las actuaciones incorporadas a la carpeta de investigación.
Policías habrían insistido en que denunciaran
Tomás relata que la noche de la detención llegó acompañado de su esposa a las instalaciones conocidas como Torre XXI, donde se encontraba su hijo.
De acuerdo con su testimonio, una trabajadora del DIF le aseguró que el adolescente había sido víctima de una violación. También señala que uno de los policías que participó en la detención insistió en que la familia presentara una denuncia y posteriormente le realizó varias llamadas para pedirle que regresara.
El padre asegura que inicialmente creyó la versión de las autoridades y reaccionó con enojo contra Jorge Armando. Sin embargo, afirma que comenzó a desconfiar después de conocer los resultados médicos y observar el desarrollo de las primeras diligencias.
Según su relato, su esposa permaneció durante varias horas esperando la entrega del adolescente y posteriormente tuvo que trasladarse sola ante el Ministerio Público. También asegura que la denuncia fue recibida hasta varias horas después.
Señala múltiples declaraciones del adolescente
Uno de los señalamientos más delicados está relacionado con la forma en que fue entrevistado el adolescente.
Tomás sostiene que su hijo declaró en distintas ocasiones y que posteriormente le habría dicho que habló bajo presión, cansancio y ante la insistencia tanto de su propia familia como de la Fiscalía.
Esta afirmación requiere ser verificada en los registros oficiales. Es indispensable establecer cuántas entrevistas se realizaron, quiénes estuvieron presentes, qué metodología fue utilizada y si las diligencias fueron videograbadas conforme a los protocolos de protección para personas menores de edad.
Una conversación referida por el padre no equivale, por sí misma, a una retractación formal ni invalida automáticamente los demás datos de prueba incorporados al proceso.
Acusa amenazas de la Fiscalía
Tomás también señala directamente a una agente del Ministerio Público, a quien identifica únicamente como “Elizabeth”.
Afirma que la funcionaria habría advertido a su esposa que la Fiscalía podía retirarles la custodia del adolescente. También sostiene que personal del DIF acudió a su domicilio acompañado de agentes armados y que esas visitas provocaron temor, exposición frente a sus vecinos y afectaciones familiares.
El hombre asegura conservar llamadas, audios, mensajes y capturas de pantalla que podrían respaldar parte de sus afirmaciones. Además, señala que presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, aunque, según su versión, ninguna recibió seguimiento efectivo.
Hasta ahora, ese material documental no ha sido exhibido públicamente ni sometido a una verificación independiente.
La vinculación a proceso continúa vigente
El testimonio del padre debe analizarse frente a lo que resolvió el juez.
Jorge Armando Genaro Rubio fue detenido el 25 de abril de 2026 por policías municipales de Tlayacapan. La versión difundida por la Fiscalía de Morelos sostuvo que los agentes lo sorprendieron presuntamente violentando a un adolescente en un predio ubicado junto a la carretera Yautepec–Tlayacapan.
Inicialmente fue imputado por violación, abuso sexual agravado y corrupción de personas menores de edad.
Durante la audiencia correspondiente, el juez determinó que no existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por violación. Sin embargo, sí ordenó iniciar un proceso penal por abuso sexual agravado y corrupción de personas menores de edad.
También mantuvo la prisión preventiva como medida cautelar.
Por lo tanto, la resolución judicial no estableció que todo el caso fuera falso. La no vinculación por violación únicamente dejó fuera ese delito, mientras que el proceso continuó por las otras dos conductas.
La declaración de Tomás tampoco tiene, por sí sola, el efecto de retirar la acusación, ordenar la libertad de la persona imputada o dejar sin efectos la vinculación. Para producir consecuencias judiciales, sus señalamientos y las pruebas que afirma poseer tendrían que presentarse formalmente ante las autoridades competentes.
Una versión que obliga a investigar
El testimonio abre preguntas que las autoridades deben responder.
¿Qué observaron exactamente los policías que realizaron la detención? ¿Sus declaraciones coinciden entre sí? ¿Existen grabaciones, fotografías, comunicaciones de radio o algún otro registro independiente? ¿Cuántas veces fue entrevistado el adolescente? ¿Las entrevistas se realizaron mediante un protocolo especializado? ¿Qué resultados arrojaron los dictámenes médicos y psicológicos? ¿Por qué personal del DIF acudió al domicilio acompañado de agentes armados? ¿Existe una investigación contra los servidores públicos señalados?
También debe verificarse si las comunicaciones que conserva Tomás demuestran presiones indebidas o si corresponden a diligencias ordinarias de protección y acompañamiento institucional.
El caso no puede resolverse desde un video ni mediante declaraciones públicas. Tampoco puede descartarse el testimonio del padre solamente porque contradice la versión sostenida originalmente por la Fiscalía.
El deber periodístico es revisar ambas versiones, proteger al adolescente y exigir que las instituciones transparenten —dentro de los límites legales— la manera en que construyeron el caso.
La pregunta central ya no es únicamente qué sucedió aquella noche en la carretera Yautepec–Tlayacapan. También es si policías, DIF y Fiscalía actuaron conforme a los protocolos destinados a proteger a una persona menor de edad y a garantizar un proceso penal confiable.
Porque cuando una investigación involucra a un adolescente, una persona privada de la libertad y posibles irregularidades institucionales, la verdad no puede construirse mediante presiones ni resolverse con acusaciones públicas: debe demostrarse con evidencia.