El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, pidió que no se suspendan audiencias ni expedientes; sin embargo, no informó cómo serán sustituidas las personas juzgadoras que han dejado el cargo ni cuándo se normalizará la actividad en los tribunales penales.
Por El Guardián Mx | Periodismo para la justicia
El Gobierno de Morelos reconoció el riesgo de que la jubilación de juezas y jueces provoque un vacío en la impartición de justicia, pero no presentó un plan integral para cubrir las ausencias y evitar que continúe el diferimiento de audiencias.
El tema fue planteado por El Guardián MX durante la conferencia de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad, celebrada este 21 de agosto.
En su intervención, este medio recordó que un día antes se decretó la jubilación de cuatro personas juzgadoras y que, aproximadamente un mes atrás, se había retirado otro juez.
Las jubilaciones, sumadas al periodo vacacional y a la falta de personal jurisdiccional, han provocado que en los juzgados penales se atiendan principalmente audiencias relacionadas con detenciones y plazos constitucionales, mientras otros asuntos son diferidos.
La crisis no afecta solamente la organización interna del Poder Judicial. Cada audiencia suspendida o aplazada repercute en personas víctimas, imputadas, testigos, defensas y familias que esperan una resolución.
El Guardián MX preguntó al secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, si existe un plan integral para garantizar que las próximas jubilaciones no vuelvan a detener juicios y audiencias.
El funcionario reconoció que las instituciones deben atender la problemática de las jubilaciones y pensiones y expresó que no debe producirse un vacío en la justicia.
“Que no se dejen de atender esas audiencias, que no se dejen de atender esos expedientes”, pidió el secretario.
No obstante, Maldonado Ceballos no informó si existe un calendario para sustituir a las personas juzgadoras, una convocatoria en curso, un mecanismo de suplencias o recursos presupuestales destinados a enfrentar la crisis.
El secretario señaló que el Órgano de Administración Judicial es la instancia encargada de organizar esta parte del funcionamiento del Poder Judicial y aseguró que atenderá las jubilaciones para evitar afectaciones.
La respuesta trasladó la responsabilidad al nuevo órgano administrativo, pero no estableció compromisos, responsables ni fechas para normalizar las actividades.
Durante la conferencia tampoco participó públicamente algún representante del Poder Judicial que pudiera explicar el número actual de vacantes, cuántas audiencias han sido diferidas y qué medidas se aplicarán para evitar la paralización de los juzgados.
Maldonado Ceballos informó que el magistrado presidente, Juan Emilio Elizalde, participa diariamente en las reuniones de la Mesa de Seguridad. Explicó que la impartición de justicia forma parte de la coordinación institucional junto con la prevención del delito y la procuración de justicia.
En ese contexto, el secretario hizo un llamado a las personas juzgadoras, especialmente en materia penal, para que sus determinaciones sean apegadas a derecho, pero también para que consideren las posibles consecuencias de liberar a personas relacionadas con grupos criminales.
Ese pronunciamiento requiere una lectura institucional cuidadosa.
Las personas juzgadoras deben resolver con base en la Constitución, las pruebas, el debido proceso y las reglas aplicables a cada caso. La coordinación entre poderes no autoriza al Ejecutivo a orientar el sentido de las resoluciones judiciales ni a responsabilizar anticipadamente a una persona que no ha recibido sentencia.
La independencia judicial también forma parte de la seguridad pública y de la protección de los derechos de todas las personas involucradas en un proceso.
La crisis por las jubilaciones deja, por ahora, preguntas sin respuesta: ¿cuántas plazas judiciales están vacantes?, ¿cuántas audiencias han sido diferidas?, ¿quién asumirá los asuntos pendientes? y ¿cuándo se designará a las personas que deberán sustituir a quienes se jubilaron?
Reconocer el riesgo de un vacío es apenas el primer paso. La rendición de cuentas exige un plan público, fechas y medidas verificables para impedir que la falta de jueces se convierta en denegación de justicia.