Entre los asuntos figuran cinco agentes de la Fiscalía General y el exdirector del FILATEQ. Las fichas documentan dificultades para notificar y localizar personas, además de una gestión de copias para la defensa.
Por El Guardián MX | Periodismo para la justicia
Las audiencias se abrieron, pero los asuntos quedaron sin desahogo. En dos jornadas de cobertura, el 17 y 18 de noviembre, El Guardián MX registró al menos siete casos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) que no pudieron desarrollarse conforme a lo programado.
En varios expedientes, el obstáculo quedó asentado antes de discutir los señalamientos: domicilios que no se localizaron, inmuebles donde nadie atendió o personas a las que no se pudo notificar. Otros registros corresponden a una gestión de copias para la defensa y a un caso de cinco agentes de la Fiscalía General del Estado en el que únicamente se realizó una certificación.
Este último asunto aparece en la causa JC/1256/2026. La agenda judicial identifica a Alejandra González Lázaro, Ángel de Jesús López Ávila, Antonino Quintanar Prudente, César Alberto Nava Moreno y Enrique Barreto Orihuela, a quienes se identifican como agentes de la FGE.
La información recabada establece que son investigados por abuso de autoridad y robo calificado. También registra a las cinco personas en libertad. Sin embargo se desconoce el motivo específico por el que el asunto no se desahogó.
En un expediente distinto, JC/963/2026, las notas mencionan a cinco personas investigadas y notificaciones no realizadas, con una anotación sobre un domicilio no localizado. La nueva fecha registrada es el 19 de enero de 2027, a las nueve de la mañana. Se trata de una causa diferente a la de los cinco agentes.
El caso de Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, exdirector del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, figura en la causa JC/628/2026. La ficha del 18 de noviembre registra auxilio a la defensa por la entrega de copias y anota que estas ya fueron entregadas. También señala una nueva fecha: el 10 de febrero, a las doce del día.
Las incidencias de notificación aparecen asimismo en la causa JC/1818/2026, donde se anotó que no se localizó el domicilio. En JC/1700/2025 sí se encontró el inmueble, pero nadie atendió al llamado, tampoco en accesos contiguos. El registro indica que se dejaron a salvo derechos del Ministerio Público para buscar o precisar el domicilio, con coadyuvancia de la asesoría jurídica.
En el asunto por falsedad ante la autoridad se ordenó notificar en otro domicilio. Otra ficha del 18 de noviembre registra que no se encontró a la persona buscada y que el Ministerio Público solicitó poder proporcionar nuevos domicilios.
La reiteración de obstáculos de localización y notificación abre una pregunta de rendición de cuentas: ¿qué impidió completar esas diligencias antes de las fechas programadas? Para establecer responsabilidades es necesario conocer quién aportó los domicilios, quién practicó las notificaciones y qué asentó cada constancia.
Las siete incidencias documentadas describen lo ocurrido en estas jornadas. Sí permiten dar seguimiento a los pendientes que impidieron desahogar los asuntos y a las fechas en que deberán retomarse.