La juzgadora consideró suficientes los indicios para esta etapa, tras revisar videos, la compraventa de una motocicleta y las objeciones de la defensa. Fijó cuatro meses de investigación complementaria.

Por El Guardián Mx | Periodismo para la justicia

Cuernavaca, Morelos, 17 de noviembre de 2026.— La jueza Yaredi Montes Rivera vinculó a proceso a Ricardo Alejandro R. R. por su probable participación en el homicidio calificado del regidor y activista Gabriel Rivas Ríos. Autorizó cuatro meses de investigación complementaria y fijó el cierre para el 17 de marzo de 2027.

La decisión se tomó en la continuación de la audiencia inicial. El 12 de noviembre, El Guardián Mx documentó la imposición de prisión preventiva oficiosa y que la persona imputada se acogió al plazo ampliado de 144 horas. La solicitud de vinculación que entonces quedó pendiente fue resuelta este martes.

Al explicar su determinación, la jueza señaló que el debate principal no era la existencia del homicidio, sino la probable intervención de Ricardo Alejandro. Consideró que los datos de necropsia, balística y criminalística permitían establecer la muerte violenta de Gabriel Rivas, ocurrida el 4 de noviembre en Cuernavaca.

Para analizar la posible participación, revisó los informes de videovigilancia que, de acuerdo con la Fiscalía, muestran a dos motocicletas siguiendo el automóvil de la víctima desde su salida del Ayuntamiento. La investigación relacionó una de ellas con la persona imputada a partir de una placa, la declaración del vendedor, una transferencia de 20 mil pesos y conversaciones de WhatsApp.

La juzgadora también valoró el relato ministerial sobre videos del domicilio investigado. Según esa información, la noche del mismo 4 de noviembre se retiró del inmueble una motocicleta con características coincidentes con la utilizada en el seguimiento. La jueza consideró que esos registros reforzaban los datos sobre su posesión. Durante la resolución indicó que la motocicleta no había sido localizada.

Según recapituló la jueza, la defensa cuestionó la corroboración de la compraventa y que no se hubiera realizado una diligencia para verificar que el número telefónico de las conversaciones pertenecía a Ricardo Alejandro. También objetó la forma en que se obtuvieron las grabaciones y planteó su posible ilicitud.

La jueza no acogió esa objeción sobre los videos: se apoyó en lo expuesto por el Ministerio Público acerca de un cateo autorizado, cadenas de custodia y actas de aseguramiento. Esta valoración corresponde a la resolución judicial.

Otro punto fue un informe policial presentado por la defensa que ubicaba la motocicleta el 7 de noviembre en un domicilio atribuido al vendedor. La juzgadora no le otorgó validez: señaló falta de corroboración y de claridad sobre la colaboración con la que intervinieron sus autores.

Tras valorar el conjunto de datos, Montes Rivera consideró satisfecho el estándar para vincular a proceso. La Fiscalía anunció diligencias pendientes, entre ellas solicitudes de información telefónica y bancaria.

La resolución no establece una sentencia de culpabilidad ni permite dar por esclarecidos el móvil o todas las posibles participaciones. Ricardo Alejandro R. R. mantiene la presunción de inocencia.

El 17 de marzo de 2027 es la fecha fijada para el cierre de investigación.