Una madre denuncia que el proceso penal de su hijo permanece estancado mientras él continúa en prisión; en otro asunto, una persona promovió un amparo por la fecha lejana asignada a una audiencia. Ambos casos se incorporan a la investigación ¿Quién juzgará?
Por El Guardián Mx | Periodismo para la justicia
Una audiencia desplazó a otra en los juzgados de Atlacholoaya y una persona privada de la libertad tendrá que seguir esperando para que su proceso avance.
A las 09:00 horas del miércoles 2 de septiembre estaba programada la audiencia intermedia del proceso penal seguido contra Gustavo, acusado del delito de robo de vehículo automotor agravado.
La audiencia no se realizó debido a que la persona juzgadora que debía encabezarla tuvo que atender otro asunto: la audiencia privada del médico Fernando G., quien posteriormente fue vinculado a proceso por el delito de violación agravada.
El problema no radica en que el caso de Fernando G. haya sido atendido. Todas las personas involucradas en un proceso tienen derecho a que sus asuntos sean escuchados oportunamente.
La pregunta es por qué el sistema judicial no contó con capacidad suficiente para celebrar ambas audiencias sin aplazar alguna de ellas.
“Es la vida de mi hijo»
Después del diferimiento, Silveria Hernández Briceño, madre de Gustavo, denunció públicamente los retrasos que, de acuerdo con su testimonio, han marcado el proceso penal de su hijo.
La mujer aseguró que Gustavo lleva aproximadamente un año privado de la libertad y que, después de ser vinculado a proceso, las audiencias no han avanzado con la oportunidad esperada.
“Siempre me están prolongando eso de que no se puede llevar a cabo la audiencia y para mí se me hace injusto”, expresó afuera de los juzgados de Atlacholoaya.
Silveria señaló que entre las explicaciones recibidas por los aplazamientos se encuentran la falta de personas juzgadoras, la ausencia de salas disponibles, vacaciones y hasta fallas en el suministro de energía eléctrica.
“Si van a irse de vacaciones o se van a jubilar, pues que dejen a alguien que cubra su lugar, porque no se me hace justo que siempre estén posponiendo todo. Es la vida de mi hijo”, reclamó.
Sus afirmaciones representan el testimonio de una familiar. Las fechas, el número de audiencias diferidas y la causa oficial de cada aplazamiento deberán contrastarse con los registros de la causa penal y con la versión del Poder Judicial.
Gustavo permanece sujeto a un proceso penal y no existe, hasta el momento, una sentencia que determine su responsabilidad. La prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye una pena anticipada.
La audiencia pendiente corresponde a la etapa intermedia, en la que la Fiscalía y la defensa presentan las pruebas que pretenden llevar a juicio y la autoridad judicial determina cuáles serán admitidas.
Cada nuevo aplazamiento prolonga la incertidumbre para la persona imputada, pero también para la persona víctima, sus familiares y la sociedad que espera una resolución.
Otro retraso llegó a la justicia federal
La denuncia de Silveria no es la única alerta reciente relacionada con el diferimiento de audiencias en Morelos.
El Juzgado Quinto de Distrito admitió el juicio de amparo indirecto 1545/2026, promovido por Jesús Astudillo Cardoso contra un Juez Especializado de Control de Garantías.
En ese expediente se reclama la fecha lejana asignada para una audiencia inicial de formulación de imputación y eventual vinculación a proceso, dentro de la causa penal JC/1225/2026.
De acuerdo con el acuerdo federal, esa audiencia fue diferida el 14 de agosto de 2026. La persona quejosa considera que la reprogramación provocó un retraso en la administración de justicia.
El asunto se relaciona con la carpeta de investigación FECC/518/2020-11. Entre las pruebas presentadas se encuentra un escrito del 6 de julio de 2026 mediante el cual se solicitó la formulación de imputación.
La jueza federal Perla Fabiola Estrada Ayala admitió la demanda y ordenó abrir el incidente de suspensión solicitado.
También requirió al juez señalado como autoridad responsable para que rinda un informe justificado y remita las constancias que expliquen el diferimiento y la fecha asignada.
La audiencia constitucional del amparo fue programada para las 14:20 horas del 24 de septiembre de 2026.
La admisión de la demanda no significa que el amparo haya sido concedido ni que la justicia federal haya determinado que el juez violó la Constitución. El caso todavía deberá ser estudiado y resuelto.
¿Dos casos o un problema institucional?
El caso de Gustavo y el amparo promovido por Jesús Astudillo tienen orígenes y etapas procesales diferentes.
Uno corresponde a una audiencia intermedia dentro de un proceso por robo de vehículo automotor agravado. El otro está relacionado con una audiencia inicial solicitada dentro de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción.
Sin embargo, ambos tienen un punto en común: personas que aseguran estar siendo afectadas por audiencias que no se celebran oportunamente.
Estos casos aparecen en medio de la situación documentada por El Guardián Mx en la serie ¿Quién juzgará?, que ha dado seguimiento a las jubilaciones de personas juzgadoras, la cobertura de plazas y la distribución de los procedimientos entre quienes permanecen en funciones.
Las jubilaciones y las vacaciones son derechos laborales. El problema no es que las personas juzgadoras ejerzan esos derechos, sino la capacidad de las instituciones para anticipar sus ausencias, sustituirlas y garantizar la continuidad de los procesos.
Los dos casos no bastan para afirmar que todos los diferimientos son consecuencia de las jubilaciones o de la falta de jueces. Cada aplazamiento puede tener causas distintas y debe ser revisado individualmente.
No obstante, sí constituyen señales que obligan al Poder Judicial y al Órgano de Administración Judicial a rendir cuentas.
¿Cuántas audiencias han sido diferidas por falta de personas juzgadoras? ¿Cuántas fueron reprogramadas por saturación de agenda? ¿Cuántas personas permanecen en prisión preventiva dentro de procedimientos afectados? ¿Qué plazas están vacantes? ¿Quién está absorbiendo los asuntos de las personas jubiladas?
El caso de Gustavo muestra la dimensión humana del retraso.
El amparo 1545/2026 lleva el reclamo ante la justicia federal.
Y ambos vuelven inevitable la pregunta que da nombre a esta investigación:
¿Quién juzgará?