Litigantes Unidos de Morelos respaldó al abogado Fernando Gómez-Mont y advirtió que responderá ante cualquier acto que estigmatice a quienes ejercen la defensa por la identidad de sus clientes.
Por El Guardián Mx / Periodismo para la justicia.
La Asociación de Litigantes Unidos de Morelos manifestó su respaldo al abogado Fernando Gómez-Mont, después de que Morena cuestionara públicamente su intervención como representante legal del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
Más allá del caso particular, la organización fijó una posición gremial: la comunidad jurídica no permanecerá indiferente ante descalificaciones, señalamientos o agresiones contra alguno de sus integrantes por los asuntos que decida litigar.
Víctor Javier Hernández Vega, presidente de la asociación, sostuvo que representar a una persona investigada o acusada forma parte del ejercicio legítimo de la abogacía y no convierte al profesionista en cómplice, aliado ni participante de las conductas atribuidas a su cliente.
“Todo abogado litigante puede defender a cualquier persona, no importa cuál sea la situación. Lo importante es la presunción de inocencia”, expresó durante la conferencia de prensa.
El origen del pronunciamiento
La reacción de los litigantes ocurrió después de que Morena difundiera el comunicado 079/2026, fechado el 21 de julio, bajo el encabezado:
“Fernando Gómez-Mont, abogado de Ernesto Ruffo, mantiene la representación legal de los mismos corruptos del pasado”.
En el documento, la dirigencia partidista recordó algunos de los personajes representados anteriormente por Gómez-Mont y utilizó esos antecedentes profesionales para cuestionar su participación en la defensa de Ruffo.
Además, el partido se refirió al exgobernador como “delincuente” y “traficante de combustible”, aunque el propio comunicado solamente menciona una investigación de la Fiscalía General de la República en la que estarían señaladas 25 personas.
El documento no informa sobre una sentencia condenatoria contra Ernesto Ruffo.
El abogado no es su cliente
Para Litigantes Unidos de Morelos, el señalamiento rebasa la confrontación entre partidos porque puede generar la percepción de que un abogado comparte las conductas atribuidas a la persona que representa.
Hernández Vega comparó el trabajo de los litigantes con el de otros profesionistas: un médico que atiende a una persona investigada no se convierte en delincuente, como tampoco un arquitecto participa automáticamente de las actividades de quien contrata sus servicios.
Bajo ese razonamiento, recordó que la defensa jurídica es una profesión lícita y una condición indispensable para que exista debido proceso.
La organización advirtió que la estigmatización también puede colocar a los abogados en una situación de riesgo frente a la sociedad, especialmente cuando desde espacios de poder se les vincula públicamente con las acusaciones dirigidas contra sus clientes.
Un mensaje para toda la comunidad jurídica
El pronunciamiento no busca únicamente defender a Fernando Gómez-Mont. Representa una advertencia sobre lo que la asociación considera una práctica que podría alcanzar a cualquier litigante.
Si se normaliza la descalificación de un abogado por asumir una defensa incómoda, cualquier integrante de la comunidad jurídica podría ser presentado como sospechoso por cumplir con su trabajo.
La asociación dejó claro que responderá públicamente cuando considere que un abogado está siendo atacado, criminalizado o estigmatizado por ejercer su profesión.
Este posicionamiento adquiere relevancia porque transforma un señalamiento individual en una causa gremial: la defensa del libre ejercicio de la abogacía y del derecho de toda persona a contar con representación jurídica, sin importar la gravedad o repercusión política de la acusación.
La precisión necesaria
Con la información disponible, no se ha documentado que Morena haya impedido materialmente a Gómez-Mont ejercer la defensa ni que alguna autoridad haya iniciado acciones contra él.
Lo acreditado es una descalificación pública que la asociación interpreta como una agresión contra un integrante de la comunidad jurídica.
Esta diferencia es relevante: la crítica política puede ser cuestionada por su lenguaje y sus consecuencias, pero una posible obstrucción de la defensa o persecución profesional requeriría actos y pruebas adicionales.
Investigación no significa culpabilidad
Morena tiene derecho a respaldar investigaciones y cuestionar políticamente a quienes considere responsables de actos de corrupción. Sin embargo, una dirigencia partidista no sustituye a la Fiscalía en la investigación ni a los tribunales en la determinación de culpabilidad.
Llamar “delincuente” a una persona investigada, sin explicar si existe una sentencia firme, puede afectar la presunción de inocencia y confundir ante la sociedad una acusación con una responsabilidad judicialmente demostrada.
La justicia no depende de quién resulte popular o incómodo. Toda persona tiene derecho a ser defendida y todo abogado debe poder realizar esa función sin ser identificado con su cliente.
La pregunta de rendición de cuentas
¿Está dispuesto Morena a distinguir públicamente entre una persona investigada y una persona declarada culpable, así como a reconocer que los abogados no pueden ser descalificados por la identidad de quienes representan?
Y frente a futuras agresiones, ¿hasta dónde llegará el respaldo anunciado por la Asociación de Litigantes Unidos de Morelos para proteger a quienes integran la comunidad jurídica?
La respuesta marcará si este pronunciamiento se limita a un caso coyuntural o se convierte en un verdadero mecanismo de solidaridad gremial.