Tomás Osorio Orozco asegura que sus teléfonos son rastreados y que se solicitó localizarlo en Guerrero y Estados Unidos; hasta ahora no ha presentado públicamente documentos que confirmen esas acciones.
Por El Guardián Mx | Periodismo para la justicia
El conflicto entre Tomás Osorio Orozco y la Fiscalía General del Estado de Morelos entró en una nueva fase este domingo, luego de que el padre de la persona adolescente reconocida como víctima en el procedimiento relacionado con el exalcalde de Tlalnepantla, Jorge Armando Genaro Rubio, difundiera un segundo video.
En la grabación, Tomás aseguró que sus teléfonos están siendo rastreados y que se habría solicitado su búsqueda tanto en el estado de Guerrero como en Estados Unidos.
“El procedimiento que están tomando contra mí, la denuncia de rastrear mis teléfonos, de solicitar búsqueda de mi persona al estado de Guerrero y a los Estados Unidos”, expresó.
También hizo referencia, en tono irónico, a una supuesta orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, su declaración no permite confirmar que alguna autoridad judicial haya librado efectivamente ese mandamiento.
Hasta el momento, tampoco se han presentado públicamente documentos que acrediten la existencia de una carpeta de investigación, una solicitud institucional para localizarlo fuera de Morelos o una autorización judicial para intervenir o rastrear sus comunicaciones.
Por ello, estas afirmaciones deben ser consideradas como señalamientos públicos pendientes de corroboración.
Señala a policías, persona del DIF y una agente del Ministerio Público
Tomás sostuvo nuevamente que policías de Tlayacapan y personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia participaron presuntamente en la alteración o falsedad de declaraciones relacionadas con el caso.
Aseguró que conserva los números telefónicos desde los cuales policías municipales le habrían llamado entre las doce y la una de la mañana, además de nombres y otros registros.
“Tengo el teléfono de los policías de Tlayacapan que marcaron de doce a una de la mañana. Tengo el número de teléfono de los del DIF. Tengo los nombres”, manifestó.
Estos elementos podrían constituir indicios susceptibles de verificación, pero no fueron exhibidos durante el video.
Tomás también señaló directamente a la agente del Ministerio Público Elizabeth Morales Ibarra, a quien acusó de estar involucrada en las presuntas irregularidades y de buscar comprobar que mantiene comunicación con los abogados del exalcalde.
Las acusaciones contra la servidora pública tampoco han sido demostradas y requieren ser contrastadas con su versión y con los registros oficiales de la investigación.
Asegura que pretenden debilitar a su familia
El padre de la persona adolescente afirmó que las actuaciones en su contra tienen como propósito detenerlo, silenciarlo y debilitar a su familia.
Asimismo, reconoció públicamente que cuenta con antecedentes, aunque sostuvo que su historial no debe utilizarse para desviar la discusión sobre las irregularidades que asegura haber detectado.
La existencia de antecedentes no prueba que sus actuales acusaciones sean falsas. Del mismo modo, las declaraciones difundidas en redes sociales tampoco demuestran que la Fiscalía haya fabricado el procedimiento o que las personas servidoras públicas señaladas hayan cometido alguna conducta ilícita.
El procedimiento contra el exalcalde
El nuevo video se relaciona con el procedimiento seguido contra Jorge Armando Genaro Rubio dentro de la causa JCC/441/2026.
La situación procesal documentada establece que el exalcalde permanece vinculado a proceso únicamente por el delito de corrupción de personas menores de edad.
Por tanto, no debe afirmarse que fue vinculado también por abuso sexual ni que las declaraciones de Tomás invalidan automáticamente la determinación judicial.
El video representa un nuevo cuestionamiento público a la actuación de las autoridades, pero no constituye una retractación judicial ni una resolución que modifique por sí misma el proceso penal.
La Fiscalía debe responder
Las nuevas declaraciones colocan a la Fiscalía de Morelos ante la obligación de explicar si existe una investigación contra Tomás Osorio Orozco, cuándo comenzó, qué conducta se indaga y si alguna autoridad solicitó localizarlo en Guerrero o Estados Unidos.
También deberá informar si se pidió autorización judicial para localizar o intervenir sus comunicaciones y si se investigarán las acusaciones contra policías de Tlayacapan, personal del DIF y la agente del Ministerio Público señalada.
El interés público no se encuentra únicamente en el enfrentamiento entre Tomás y la Fiscalía, sino en determinar si las instituciones encargadas de proteger a una persona adolescente actuaron conforme a derecho.
Durante la cobertura deberá preservarse la identidad y la intimidad de la persona adolescente, además de impedir que el conflicto entre las personas adultas provoque su revictimización.
Las acusaciones de Tomás no demuestran todavía una persecución judicial. Sin embargo, su gravedad exige una respuesta institucional documentada, verificable y alejada de descalificaciones personales.