Una audiencia clave para formular imputación contra servidores públicos —incluido el alcalde de Cuernavaca— fue suspendida por fallas en las notificaciones, domicilios inexistentes y la ausencia del Ministerio Público titular, evidenciando retrasos estructurales en un caso que lleva más de tres años sin judicializarse.
El 14 de abril de 2026, en la sede judicial de Atlacholoaya, la Jueza Especializada de Control Adriana Correa Ortiz encabezó la audiencia inicial de formulación de imputación, relacionada con el colapso del Puente Paseo Rivereño en Cuernavaca.
El proceso involucra a diversos servidores públicos, entre ellos el presidente municipal José Luis Urióstegui Salgado, quien no compareció a la audiencia pese a haber sido notificado, sin que hasta el momento exista justificación formal en la carpeta judicial.
Durante la diligencia, se documentó que al menos tres personas investigadas no pudieron ser localizadas en los domicilios proporcionados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
En todos los casos, las diligencias de notificación resultaron fallidas:
Un domicilio correspondía a un lugar donde la persona no vive desde hace seis años. En otro caso, personal de seguridad negó el acceso al notificador al confirmar que el investigado ya no residía ahí. En un tercer domicilio, vecinos y comerciantes aseguraron no conocer a la persona buscada.
A estas irregularidades se sumó la ausencia de la agente del Ministerio Público titular del caso, quien se encontraba en otra audiencia en Cuautla, lo que generó cuestionamientos directos de la jueza sobre la falta de previsión institucional.
La propia jueza cuestionó en audiencia:
“¿Qué están haciendo?… este asunto ya tiene tres años”.
La suspensión de la audiencia implica: retraso en el acceso a la justicia para las personas víctimas, riesgo de dilación procesal, posible debilitamiento de la investigación penal.
La jueza otorgó un plazo de 15 días al Ministerio Público y a los asesores jurídicos para proporcionar domicilios verificables. En caso de incumplimiento, se advirtió la imposición de sanciones económicas.
La audiencia fue reprogramada para el 8 de junio de 2026 a las 9:00 horas.
Las víctimas continúan en espera de acceso efectivo a la justicia en un caso de infraestructura pública colapsada que generó afectaciones directas.
El retraso procesal impacta en: el derecho a la verdad, el acceso a la justicia, la reparación del daño. Tres años después del colapso, el proceso no ha llegado ni siquiera a la imputación formal.
