Cinco agentes de seguridad y custodia del Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos, en Atlacholoaya, fueron asegurados durante un operativo de revisión cuando ingresaban a laborar, luego de que autoridades estatales reportaran el hallazgo de teléfonos celulares, 110 chips, una sustancia similar al “cristal”, cuchillos tácticos y bebidas alcohólicas entre sus pertenencias. El caso importa por una razón central: no se trata de un decomiso dentro de celdas, sino de una presunta infiltración desde la propia estructura de custodia.
De acuerdo con el comunicado oficial, el aseguramiento ocurrió en el Centro de Reinserción Social varonil de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, durante un operativo de revisión aplicado a personal que ingresaba a laborar.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos identificó a cinco elementos de custodia y reportó que entre sus pertenencias fueron localizados cuatro equipos de telefonía celular, 110 chips con números asignados de distintas compañías, accesorios y un kit para reparación de teléfonos, además de aproximadamente 1.024 kilogramos de una sustancia similar al “cristal”, tres cuchillos tácticos y dos botellas de bebidas alcohólicas.
La autoridad vinculó el operativo con la Estrategia Nacional contra la Extorsión y sostuvo que estas revisiones se realizan de manera coordinada en los cinco centros penitenciarios estatales, con participación de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad Morelos, la Dirección de Asuntos Internos de la SSPC y representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. También señaló que, desde el 29 de noviembre de 2025, se establecieron acciones coordinadas a partir de la entrada en vigor de una nueva legislación en materia de extorsión.
Lo que dice la autoridad es esto: que el operativo forma parte de una estrategia para inhibir la introducción de celulares utilizados en actos de extorsión y combatir delitos de alto impacto dentro de los centros penitenciarios. Lo que muestran los hechos narrados en el propio comunicado es otra dimensión del problema: el presunto ingreso de objetos prohibidos no estaría limitado a la población penitenciaria ni a visitas externas, sino que alcanzaría a personal encargado de la seguridad y custodia.
Hay un dato adicional que no debe pasarse por alto. La propia SSPC afirma que el caso deriva de “diversos aseguramientos” previos y de acciones de videovigilancia e inteligencia operativa. Si eso es correcto, entonces la pregunta institucional no sólo es quién intentó ingresar estos objetos, sino desde cuándo existían indicios sobre posibles filtraciones internas y qué controles fallaron antes de este operativo.
El comunicado confirma oficialmente el aseguramiento de cinco custodios y la intención de poner a las personas y los objetos a disposición de la FIDAI de la Fiscalía General del Estado y de la FGR en Cuernavaca, para realizar actos de investigación y determinar si presuntamente cometieron algún otro hecho delictivo. Se respeta la presunción de inocencia.
Desde una lectura de derechos humanos, el caso obliga a evitar sentencias mediáticas anticipadas. Pero también obliga a revisar el fondo: si custodios presuntamente intentaron ingresar herramientas de comunicación, droga y armas blancas a un penal estatal, la falla no sería individual únicamente, sino estructural, porque compromete la seguridad penitenciaria, la gobernabilidad interna y la capacidad real del Estado para contener delitos cometidos desde prisión.
El caso se encuentra en investigación. Pero con los datos ya reconocidos por la propia autoridad, la pregunta pública ya está planteada: si el riesgo estaba dentro del personal de custodia, qué autoridad va a rendir cuentas por los controles que no funcionaron antes de este operativo.
