El secretario de Seguridad en Morelos reconoce que no tiene información confirmada sobre denuncias en el penal femenil, mientras defiende el proyecto como parte de una “nueva era” penitenciaria.
Mientras el gobierno estatal promueve el nuevo modelo del penal femenil como un avance en reinserción social, el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, admitió que no cuenta con información confirmada sobre denuncias relacionadas con mujeres privadas de la libertad, señalando que “no podemos trabajar por trascendidos”.
De acuerdo con la información oficial, el proyecto del nuevo centro penitenciario incluye la instalación de 50 máquinas de coser, cortadoras de tela y equipo industrial, con el objetivo de reactivar la industria penitenciaria en Morelos y generar beneficios de libertad anticipada para las mujeres internas.
El funcionario también informó que autoridades federales ya visitaron el lugar y constataron el funcionamiento de estas instalaciones, en el marco de una política instruida por la gobernadora para atender “como nunca” a las mujeres privadas de la libertad.
Respecto a presuntas denuncias sobre condiciones o situaciones al interior del penal, el secretario indicó que solo tiene conocimiento a través de medios de comunicación y que no le constan los hechos.
Según su versión, el número de personas inconformes ha disminuido de 35 a un grupo actual de entre 7 y 10 mujeres, quienes —dijo— en su mayoría mantienen vínculos familiares con internos del penal varonil de Atlacholoaya.
El caso, sin embargo, se encuentra en revisión por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ya realizó dos visitas y prevé una tercera inspección en los próximos días.
Como parte de las acciones reportadas, la autoridad destacó la instalación de infraestructura recreativa, como un ring de boxeo y techado en áreas comunes, orientadas —según la versión oficial— a mejorar las condiciones de esparcimiento y facilitar la reinserción social.
No obstante, la falta de información confirmada sobre las denuncias abre una brecha entre el discurso institucional y la verificación independiente de las condiciones reales en las que se encuentran las mujeres privadas de la libertad.
En este contexto, el traslado de mujeres privadas de la libertad y la implementación de un nuevo modelo penitenciario obliga a revisar si las condiciones cumplen con estándares de dignidad, acceso a derechos y garantías de reinserción.
Si el gobierno habla de una “nueva era” penitenciaria, la pregunta es directa:
¿Dónde están los datos verificables que confirmen que las condiciones realmente han mejorado para las mujeres privadas de la libertad en Morelos?