Dos exfuncionarias vinculadas al Fideicomiso Lago de Tequesquitengo fueron imputadas, en diversas audiencias, por los presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público, ejercicio abusivo de funciones y peculado agravado,
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción expusó movimientos financieros y autorizaciones de pago por más de 19 millones 720 mil pesos relacionados presuntamente con contrataciones de artistas y eventos masivos sin respaldo documental suficiente.
De acuerdo con los datos expuestos durante las audiencias judiciales, que cada una enfrento por separado, no existe sentencia firme y se respeta la presunción de inocencia. Las mujeres imputadas fueron identificadas como Cándida V. L. y Elizabeth M. Q.
La Fiscalía Anticorrupción sostuvo esencialmente que las mujeres investigadas habrían intervenido como titular de enlace financiero y posteriormente como directora general relacionada con el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.
La investigación ministerial refiere presuntas irregularidades detectadas en operaciones realizadas entre octubre y noviembre de 2022.
Entre los movimientos expuestos por el Ministerio Público destacan:
- una autorización de aproximadamente 7 millones 540 mil pesos para presunta contratación de artistas;
- otra autorización cercana a 2 millones de pesos;
- y un pago superior a 10 millones 180 mil pesos.
Todo ello habría derivado, según la Fiscalía, en un presunto faltante de 19 millones 720 mil pesos.
De acuerdo con los datos presentados en audiencia, las operaciones habrían sido realizadas desde una cuenta bancaria atribuida al fideicomiso.
La representación social señaló que existen pólizas de egreso, estados de cuenta, nombramientos oficiales, informes internos y una pericial contable elaborada en mayo de 2025.
Según la exposición ministerial, la pericial concluyó que sí existieron pagos, pero que no fueron localizados contratos de prestación de servicios ni documentación suficiente que acreditara el destino final de los recursos.
Además, se mencionó un oficio de febrero de 2025 donde presuntamente se establece que no existía registro o autorización formal para algunos eventos masivos relacionados con los pagos observados.
Mientras la Fiscalía Anticorrupción sostiene que hubo autorizaciones de recursos sin soporte documental suficiente, la defensa pidió tiempo para revisar información relacionada incluso con un posible criterio de oportunidad.
Durante la audiencia, las personas imputadas se reservó su derecho a declarar en cada una de sus audiencias respectivas.
Hasta el momento no se ha informado públicamente de una sentencia, recuperación del dinero ni resolución definitiva sobre responsabilidad penal.
Los datos expuestos corresponden a la etapa inicial del proceso penal.
El caso se desarrolla bajo investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos.
La representación social solicitó medidas cautelares y planteó la posibilidad de prisión preventiva oficiosa debido a la naturaleza de los delitos imputados.