El exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (Filateq), Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, no logró que un juez desechara el proceso penal en su contra. Durante una audiencia celebrada el 29 de mayo, el juez especializado de Control, Luis Guillermo Ortega Castillo, rechazó la solicitud de sobreseimiento promovida por la defensa y determinó que los datos existentes siguen siendo suficientes para mantener vigente la vinculación a proceso por fraude específico y ejercicio abusivo de funciones.
La audiencia se centró en la declaración voluntaria de la propia persona imputada, quien sostuvo que nunca existió dolo ni intención de defraudar a la compradora de un terreno dentro de Filateq.
Álvarez Anonales afirmó que al detectar inconsistencias en la asignación de un lote ordenó revisar el procedimiento, contactar a la compradora y ofrecer alternativas para resolver el conflicto, incluyendo la devolución de recursos o la asignación de otro predio. También aseguró que la entrega material del terreno nunca se concretó porque el error fue detectado antes de concluir el procedimiento administrativo.
Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, reconoció que desde su llegada a la dirección del fideicomiso sabía que no existía un catálogo completo sobre los lotes disponibles y aceptó que aún bajo esas condiciones continuaron realizándose operaciones de venta. También confirmó que todas las áreas administrativas dependían de la Dirección General del fideicomiso.
La Fiscalía Anticorrupción argumentó que esas propias manifestaciones fortalecen la hipótesis de responsabilidad, ya que el imputado habría tenido conocimiento de deficiencias administrativas relevantes mientras continuaba la comercialización de terrenos.
Lo que sostiene la defensa
La defensa argumentó que nunca existió dolo, que se intentó corregir el problema una vez detectado y que incluso se ofrecieron mecanismos para reparar el daño patrimonial. También insistió en que el dinero ingresó a las cuentas institucionales del fideicomiso y no a cuentas particulares.
Lo que sostiene la Fiscalía
La Fiscalía respondió que la discusión no gira únicamente en torno al destino del dinero, sino a la conducta atribuida al entonces director del organismo. Según la institución, el propio imputado reconoció que existían deficiencias en el control de los lotes disponibles y aun así se realizaron operaciones de comercialización.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó previamente que Dionicio Emanuel fue vinculado a proceso por fraude específico y ejercicio abusivo de funciones por la presunta venta de un terreno que ya tenía propietario. Además, permanece en prisión preventiva por otros procesos penales que enfrenta relacionados con presuntos actos de corrupción.
Durante la audiencia del 29 de mayo, el juez concluyó que no se presentaron nuevos elementos capaces de desvirtuar los datos que dieron origen a la vinculación a proceso, por lo que rechazó el sobreseimiento solicitado por la defensa.
El juzgador, no obstante, reiteró la posibilidad de explorar una salida alterna respecto del delito patrimonial, al tratarse de una conducta perseguible por querella.
La audiencia dejó una pregunta abierta que trasciende la responsabilidad individual:
Si la propia estructura administrativa del fideicomiso operaba con información incompleta sobre la disponibilidad de terrenos, ¿quién responde por los mecanismos de control que permitieron que esa situación ocurriera?
Porque este caso ya no sólo examina la conducta de un exfuncionario. También pone bajo escrutinio la forma en que una institución administró patrimonio público y protegió —o no— la certeza jurídica de quienes adquirieron bienes.
No existe sentencia firme. El proceso continúa y se respeta la presunción de inocencia de todas las personas involucradas.
*Con información de Leylani López Castrejón