Una mujer denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) que presuntamente fue detenida de manera arbitraria por policías municipales de Jantetelco tras un conflicto familiar relacionado con la propiedad de una vivienda heredada.
La denuncia, bajo el numeral FECC/254/2026/04, involucra al alcalde de Jantetelco, Ángel Augusto Domínguez Sánchez, y al director del IEBEM, Raúl Aguirre Espitia. El caso ya fue presentado ante la Fiscalía Anticorrupción.
De acuerdo con la denuncia presentada por Teresa A. E. ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2025. Según el documento, la mujer acudió a la base de la Policía Preventiva conocida como “Torre 21”, ubicada en Tetelcingo, luego de que su hijo fuera detenido por un caso de violencia familiar.
Teresa aseguró que al llegar al lugar fue privada de la libertad por agentes de la Policía de Jantetelco identificados como Isidro Vivas Villanueva y Guadalupe España Barranco. Posteriormente, fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Cuautla, donde quedó bajo custodia del Ministerio Público por el delito de violencia familiar en agravio de su madre y su hijo.
Según la versión contenida en la denuncia, tras enfrentar el proceso penal y acreditar su inocencia, la mujer concluyó que la acusación habría sido planeada por su tío, Raúl Aguirre Espitia, actual director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM). La denunciante sostiene que el objetivo era despojarla de una propiedad perteneciente a sus abuelos.
En su denuncia también señala al presidente municipal de Jantetelco, Ángel Augusto Domínguez Sánchez, por presunto tráfico de influencias y abuso de poder. Hasta este momento no existe información pública que confirme una imputación formal en su contra.
El caso abre una línea de cuestionamiento sobre el uso de corporaciones municipales en conflictos de carácter familiar y patrimonial.
La denuncia sostiene que policías municipales actuaron contra una mujer que acudió inicialmente en calidad de víctima. Sin embargo, terminó detenida y puesta a disposición ministerial.
Hasta ahora, no se han hecho públicos informes oficiales que expliquen: qué motivó jurídicamente la detención, cuál fue el nivel de participación de los mandos municipales, y si existió una investigación interna sobre la actuación policial.
La ausencia de esa información deja abierta una pregunta central: ¿la intervención policial respondió a una investigación objetiva o a una red de influencias vinculadas al poder político y familiar?
El expediente se encuentra en fase de integración ante la Fiscalía Anticorrupción. No existe sentencia firme ni resolución judicial definitiva contra las personas señaladas.
El caso también refleja un patrón recurrente en Morelos: denuncias donde conflictos familiares terminan escalando hacia procesos penales con participación de corporaciones de seguridad pública.
En términos de derechos humanos, la denuncia plantea posibles actos relacionados con: detención arbitraria, abuso de autoridad, y uso indebido de instituciones públicas.
De confirmarse, el caso podría involucrar responsabilidades administrativas y penales. La pregunta de fondo no es únicamente quién ordenó la detención.
La pregunta es otra:
¿qué controles existen en Morelos para impedir que estructuras policiales sean utilizadas presuntamente en disputas personales o patrimoniales?
Porque cuando una denuncia señala que el poder político, familiar y policial se cruzan dentro de un mismo caso, lo que queda bajo revisión no es solo una detención.
Es la capacidad real del Estado para evitar que las instituciones sean utilizadas contra los ciudadanos.