Una jueza especializada en ejecución penal ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar posibles actos de tortura y tratos crueles contra mujeres privadas de la libertad en el penal femenil de Atlacholoaya. Sin embargo, tras esa resolución, familiares denuncian posibles represalias dentro del centro penitenciario.
La resolución fue emitida el 13 de marzo, cuando la Jueza Especializada en Ejecución, Gloria Angélica Jaimes Salgado, analizó las denuncias de siete internas contra una comandante de seguridad y custodia.
De acuerdo con lo expuesto en audiencia, las mujeres señalaron a Alejandra del Consuelo Vega Giles por presuntos actos de maltrato físico y psicológico, incluyendo aislamiento, amenazas, intimidaciones y discriminación.
La jueza determinó dar vista a la Fiscalía para investigar posibles actos de tortura y ordenó medidas de protección, así como el cambio de área de la funcionaria señalada mientras se desarrolla la investigación.
Previo a la audiencia, las internas habían solicitado a la directora del penal, Blanca Yadira Cenicero Salazar, la separación del cargo de la comandante, sin que, según lo expuesto en audiencia, su petición fuera atendida.
Durante la diligencia judicial, autoridades penitenciarias desestimaron las acusaciones, argumentando que las denunciantes formarían parte de un supuesto “autogobierno”, lo que fue descartado por la jueza al considerar que los informes presentados carecían de valor probatorio por provenir de la propia persona denunciada.
Nuevas denuncias: posibles represalias tras la audiencia
Posterior a la resolución judicial, una familiar de una de las internas denunció públicamente presuntos actos de represalia dentro del penal, lo que abre una nueva línea de preocupación sobre el cumplimiento de las medidas ordenadas por la autoridad judicial.
De acuerdo con este testimonio, la comandante señalada habría permanecido en funciones durante días posteriores a la audiencia, pese a la orden judicial.
Además, la denuncia señala que, presuntamente, las siete internas habrían sido aisladas y que personal del penal habría intentado presionarlas para modificar su versión de los hechos.
Según el testimonio, también se habrían emitido mensajes dentro del penal advirtiendo que “por una pagaban todas”, en referencia a las internas denunciantes.
En una segunda versión, se afirma que personal de derechos humanos habría acudido al centro penitenciario y, presuntamente, las internas fueron intimidadas para no declarar.
Información en verificación
Estas nuevas acusaciones no han sido confirmadas por autoridades y forman parte de testimonios de carácter preliminar.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente si la orden judicial fue cumplida en sus términos ni si existe una investigación adicional por posibles represalias o desacato.
El caso se inscribe en un contexto más amplio sobre el respeto a los derechos humanos dentro de centros penitenciarios, donde las personas privadas de la libertad mantienen derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la integridad personal y a denunciar abusos sin sufrir represalias.
De acuerdo con estándares nacionales e internacionales, cualquier denuncia de tortura o malos tratos debe ser investigada de manera inmediata, imparcial y efectiva.
El caso se encuentra en investigación, y se respeta el principio de presunción de inocencia de las personas señaladas.
La pregunta que ahora escala el caso es más grave:
Si una orden judicial no se cumple dentro de un penal… ¿quién tiene realmente el control de los centros de reinserción en Morelos?