La detención de funcionarios del Ayuntamiento de Amacuzac abrió un nuevo frente de tensión política y judicial en Morelos, luego de que el presidente municipal denunciara haber sido amenazado por un grupo criminal para entregar el control financiero del municipio.
La defensa de las personas imputadas sostiene que la acusación se basa principalmente en el dicho del alcalde y que no existen pruebas técnicas que respalden la versión oficial.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto, el alcalde aseguró que el 16 de enero de 2026 fue interceptado por un grupo armado dentro del ayuntamiento, quienes lo habrían obligado a firmar documentos administrativos y entregar el control financiero del municipio.
Según esa versión, los responsables pretendían ejercer control sobre un presupuesto aproximado de 117 millones de pesos.
Sin embargo, uno de los abogados defensores de los funcionarios detenidos sostiene que la investigación se construyó principalmente a partir de la denuncia del propio alcalde y de una pericial psicológica, sin que existan pruebas técnicas que respalden las amenazas denunciadas.
La defensa afirma que no se realizaron extracciones de mensajes, audios o llamadas telefónicas que acrediten las supuestas amenazas.
Además, señala que dos funcionarias del ayuntamiento habían denunciado previamente al presidente municipal por amenazas y violencia política, lo que plantea un posible conflicto interno dentro del cabildo.
El caso también se desarrolla en un contexto de violencia criminal en la región sur de Morelos, donde diversos grupos delictivos han sido señalados por intentar influir en administraciones municipales.
Mientras la fiscalía sostiene que el ayuntamiento pudo haber sido objeto de presión criminal, la defensa afirma que la investigación carece de pruebas sólidas y que el conflicto responde a disputas internas y muy probablemente de grupos criminales por el control administrativo del municipio.