Un joven de 19 años, internado en terapia intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad “Centenario de la Revolución Mexicana” del ISSSTE, en Morelos, permanece sin intervención quirúrgica pese a presentar impactos de bala en el cráneo.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) inició actuaciones y solicitó medidas precautorias para garantizar su derecho a la salud, ante la denuncia de que no ha sido operado por no ser derechohabiente y por presuntas exigencias de pago.
De acuerdo con el oficio CDHM/DQO/218/2026-5, fechado el 24 de febrero, la CDHM requirió a la persona titular del hospital informar sobre las circunstancias del caso y adoptar acciones inmediatas para salvaguardar la salud de Bryan Alexis M. M.
Según la constancia telefónica levantada por personal de la Dirección de Quejas y Orientación, la tía del paciente reportó que el joven ingresó el 20 de febrero al área de terapia intensiva por lesiones de bala en el cráneo.
Sin embargo, hasta el momento de la comunicación, no había recibido la atención médica especializada requerida, presuntamente porque no es derechohabiente del ISSSTE, lo que habría impedido su pase a quirófano.
La denunciante también señaló que se le informó sobre el pago de una cuota, sin que se le precisara monto ni mayores detalles, situación que incrementó la preocupación familiar ante la gravedad del estado de salud del joven.
Frente a estos hechos, la CDHM solicitó implementar medidas precautorias suficientes y necesarias para garantizar atención médica integral, realizar diagnóstico, pronóstico y tratamiento conforme al padecimiento; canalizar al paciente a otra institución en caso de ser necesario; y mantener informada a la familia sobre su estado de salud.
El organismo otorgó un plazo de tres días naturales para que el hospital rinda el informe correspondiente y advirtió la obligación de resguardar los datos personales contenidos en el expediente.
El caso coloca en el centro el derecho a la protección de la salud reconocido en la Constitución y obliga a las autoridades médicas a garantizar atención sin discriminación ni dilaciones, especialmente tratándose de una persona en estado crítico.
Hasta el cierre de esta edición, no se ha informado públicamente sobre la intervención quirúrgica ni sobre una eventual canalización a otra institución especializada.