Un tribunal de enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio contra un ex agente de seguridad y custodia del Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Personas Adolescentes, conocido como CEMPLA.
El ex custodio, Luis Denis G. G., fue declarado culpable por los delitos de homicidio en grado de tentativa y evasión de presos, tras acreditarse su participación en un intento de fuga ocurrido la madrugada del 7 de junio de 2021.
De acuerdo con lo probado en juicio, el intento de evasión estuvo relacionado con Edwin Santiago, alias “El Carretito”, hijo de Santiago Mazari, identificado como líder del grupo criminal “Los Rojos”, quien actualmente se encuentra recluido en prisión.
Los hechos ocurrieron alrededor de las cero horas con veinte minutos, cuando personal del CEMPLA observó al adolescente salir del área de Observación Especial, acompañado por el custodio condenado, con dirección a la puerta principal.
Al intentar detenerlo, otro agente fue confrontado por su propio compañero, lo que derivó en un forcejeo que permitió al interno correr hacia el exterior del centro.
Casi de manera simultánea, una camioneta blanca sin placas, con personas armadas, llegó al exterior del penal y disparó contra un agente que se encontraba de guardia dentro de una patrulla oficial, poniendo en riesgo su vida.
Dentro del centro, una mujer custodia logró impedir la fuga. Durante el forcejeo, el adolescente gritó “¡Aquí estoy, aquí estoy!”, logró desarmarla e intentó dispararle, sin lograrlo gracias a la intervención inmediata de otros elementos de seguridad.
El tribunal determinó que los testimonios fueron coincidentes y que los peritajes confirmaron la versión de los hechos, por lo que se acreditó la responsabilidad penal del ex custodio más allá de toda duda razonable.
Será en los próximos días cuando el tribunal defina la pena que deberá cumplir el sentenciado.
Este caso vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad, control interno y protección de derechos humanos dentro de los centros de internamiento para adolescentes, donde la actuación de servidores públicos resulta clave para proteger la vida, la integridad y el debido proceso.