Por primera vez en la historia reciente del estado, el proceso electoral ordinario de 2027 incluirá la elección directa de cargos clave del Poder Judicial de Morelos, un cambio estructural que impacta de forma directa en el acceso a la justicia, la independencia judicial y la garantía de derechos humanos.
La información oficial establece qué órganos, cuántos cargos y bajo qué alcance territorial serán sometidos a elección popular.
De acuerdo con el documento base del proceso electoral judicial, uno de los órganos centrales que se someterán a votación es el Tribunal Superior de Justicia, máximo órgano jurisdiccional del estado.
En este caso, se elegirán 22 magistraturas, con ámbito de elección estatal. Cada poder público podrá postular hasta tres candidaturas por cargo, conforme al marco constitucional y legal vigente.
Otro órgano relevante es el Tribunal de Disciplina, encargado de la vigilancia y control interno del desempeño judicial. Para este tribunal se prevé la elección de cinco magistraturas, aunque actualmente esos espacios se encuentran sin ocupar.
La elección será igualmente de carácter estatal y con el mismo esquema de postulación por poderes.
En el caso de los juzgados del Poder Judicial, el proceso contempla la elección de 101 personas juzgadoras, distribuidas en 60 juzgados de primera instancia, cinco juzgados menores y 36 juzgados de paz.
A diferencia de las magistraturas, estos cargos tendrán un ámbito de elección que combina criterios estatales y municipales, lo que impacta directamente en la justicia de proximidad y en el acceso efectivo de la población a tribunales locales.
También se someterá a elección el Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, órgano especializado en la atención de personas menores de edad en conflicto con la ley.
En este caso, se elegirá una magistratura y tres jueces, con alcance estatal, lo que reviste especial relevancia en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
La elección popular de estos cargos judiciales en 2027 representa un rediseño profundo del sistema de justicia en Morelos.
El proceso abre un debate público inevitable sobre independencia judicial, profesionalización, rendición de cuentas y protección de derechos humanos, al tiempo que obliga a las autoridades electorales y judiciales a garantizar reglas claras, información accesible y condiciones que no vulneren la función jurisdiccional ni los derechos de la ciudadanía.