Familias de mujeres privadas de la libertad en el penal femenil de Atlacholoaya denunciaron que hoy, sábado 17 de enero, se impidió el ingreso regular de visita familiar, pese a que la documentación requerida había sido entregada previamente.
La situación obligó a decenas de personas, incluidas familias con niñas y niños, a trasladarse a otra instancia administrativa sin claridad ni coordinación, generando molestia y posibles afectaciones a derechos básicos de las personas internas y sus familiares
De acuerdo con uno de los testimonios, la restricción ocurrió durante el horario habitual de visita. La mayoría de los familiares fue rechazada en el acceso bajo el argumento de que debían solicitar un “pase provisional” en la Unidad de Medidas Cautelares para Adultos (UMECA), aun cuando previamente se les había indicado que todo el mes de enero era válido para la renovación de documentos.
Otra denunciante dio a conocer que su madre entregó la documentación solicitada en tiempo y forma ante la institución, mientras que su padre hizo lo propio días después.
Sin embargo, al intentar ingresar, se les informó que el trámite no había sido enviado por el área de Trabajo Social, mientras que dicho personal negó que fuera necesario repetir el procedimiento, evidenciando una falta de coordinación interna.
Las denunciantes coinciden en que el problema no fue aislado, ya que afectó a casi toda la visita este día. Entre las personas rechazadas había adultos mayores y familias que viajaron largas distancias, algunas acompañadas de niños, quienes tuvieron que desplazarse nuevamente para intentar resolver un trámite que, según el propio personal, ya estaba cubierto.
Además del impacto inmediato, una denunciante expresó preocupación por el contexto del próximo traslado de internas a un nuevo centro penitenciario. Señaló que, según información que circula entre las personas privadas de la libertad, el nuevo penal carecería de un acceso seguro y adecuado para la visita, al ubicarse cerca de una autopista, lo que podría representar riesgos para las familias.
En ese marco, refirió rumores no confirmados sobre una posible intención de limitar el número de personas registradas para visita, con el fin de evitar conflictos logísticos en el nuevo centro.
Aunque aclaró que no cuenta con pruebas de ello, consideró necesario que las autoridades expliquen con claridad los criterios y garanticen condiciones dignas y seguras para el contacto familiar.
Los familiares anunciaron que recurrirán a la Comisión de Derechos Humanos para solicitar una visita de verificación y exponer las afectaciones derivadas de estas restricciones.
El caso pone bajo la lupa la obligación de las autoridades penitenciarias de garantizar el derecho a la visita familiar, la certeza administrativa y el trato digno, tanto para las personas privadas de la libertad como para sus familiares, sin obstáculos innecesarios ni decisiones arbitrarias.