A más de dos años y medio de permanecer en etapa intermedia, el proceso penal contra el exdiputado local Marcos “N”, imputado del delito de violación, sigue sin avanzar.
La causa se ha visto reiteradamente postergada por el cambio continuo de abogados defensores, una dinámica que —de acuerdo con la asesoría jurídica de la víctima— ha generado incertidumbre procesal y afectaciones al derecho de acceso a la justicia.
De acuerdo con Sebastián Insunza Villalobos, asesor jurídico de la víctima identificada como RGT, la Fiscalía presentó la acusación formal en septiembre de 2023.
Sin embargo, desde entonces no ha sido posible desahogar la audiencia intermedia debido a que el imputado ha cambiado de defensores en repetidas ocasiones, sumando entre 20 y 22 abogados distintos a lo largo del proceso.
Esta práctica ha provocado que, en cada intento de celebrar la audiencia, la nueva defensa solicite más tiempo bajo el argumento de no estar preparada o no contar con acceso pleno a la carpeta de investigación, lo que ha derivado en innumerables suspensiones.
Ante este escenario, una jueza de control emitió un apercibimiento y fijó el próximo 26 de enero como fecha definitiva para la audiencia intermedia.
En caso de que la persona imputada vuelva a cambiar de defensor particular o no exista acuerdo con su representación, se ordenó la intervención de un defensor público para evitar nuevas dilaciones.
El proceso también ha incluido revisiones a la medida cautelar de prisión preventiva, con el argumento de que su duración ha superado los dos años.
No obstante, los jueces han determinado mantenerla al considerar que la prolongación del procedimiento se debe a actos atribuibles a la propia estrategia de defensa y no a la inactividad judicial.
La asesoría jurídica de la víctima subrayó que esta situación impacta directamente en sus derechos, al impedirle acceder a una justicia pronta y generar un estado prolongado de incertidumbre, al no haberse llegado siquiera a la fase de juicio oral.
Con el ultimátum judicial vigente, el caso enfrenta una fecha clave el próximo 26 de enero.
La resolución de la jueza busca garantizar la continuidad del proceso y evitar más retrasos, en un expediente que, pese a la acusación presentada desde 2023, aún no logra avanzar hacia el juicio, mientras la víctima continúa a la espera de una definición judicial.