Crónica desde la antesala de una cárcel
El reloj marcaba las nueve de la mañana cuando Doña Josefina llegó al penal de Jojutla. Esperó más de dos horas bajo el sol, con la paciencia que se aprende con los años y con la fragilidad que deja la presión arterial descontrolada.
En sus manos llevaba comida y medicamentos; en el pecho, una preocupación que no conoce reposo: la salud de su sobrino, una persona privada de la libertad que llevaba más de quince días enfermo, tosiendo, apenas hablando, con una amigdalitis crónica que nadie dentro parecía dispuesto a atender.
Doña Josefina no sabía de cuotas. No sabía que para cruzar un portón había que pagar primero con dinero y después con dignidad. Tampoco sabía que la ignorancia —esa que no es culpa, sino consecuencia de la edad y de la distancia con los códigos del abuso— podía convertirse en provocación. Preguntó. Pidió le explicaran. Y eso bastó.
—¿Lo va a pagar o no? —le dijo Jorge Guillermo Sánchez Picasso—. Me está haciendo perder el tiempo.
La frase cayó como un golpe seco, antes del golpe real. Lo que siguió no fue una discusión, sino una orden que dio el comandante de turno, conocido como “Campanita”. Dos mujeres policías llegaron. La tomaron de los brazos. La jalaron. La empujaron hacia afuera.
El portón se abrió no para permitirle entrar, sino para expulsarla. Estuvo a punto de caer. Salió en shock, llorando, sin entender cómo una visita familiar podía terminar en violencia física contra una mujer de la tercera edad.
Doña Josefina habla despacio, pero no duda. Su voz tiembla cuando recuerda, no tanto por el miedo vivido, sino por lo que quedó pendiente del otro lado del muro: los antibióticos, los broncodilatadores, la comida que no llegó a destino.
Su sobrino es parcialmente sordo desde niño. Está enfermo. Necesita tratamiento. Y en el penal —dice— no hay médico que lo revise, o si lo hay, no llega a quienes no pueden pagar.
La cárcel, en su relato, no es solo un espacio de encierro, sino un mercado. Todo se cobra: el teléfono, la comida, la “protección”, el derecho a no ser golpeado, incluso la posibilidad de hablar unos minutos con la familia.
Tres veces le han quitado el celular a su sobrino. Tres veces policías o custodios entraron a su celda —la número tres— y salieron con lo poco que tenía. Ahora, para llamar, renta un teléfono ajeno, pagando por minuto, como si la voz también fuera un lujo.
Doña Josefina no se presenta como activista ni como experta en derechos humanos. Habla desde la intuición moral de quien sabe que algo está profundamente mal. Fue a la Fiscalía. Nadie la atendió. Le dieron un número. Llamó a Derechos Humanos.
Presentó quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del estado y la nacional. Envió correos. Esperó respuestas que no llegaron. El 3 de diciembre dejó constancia por escrito. El silencio fue la única respuesta.
Hay en su discurso una mezcla de cansancio y lucidez. A ratos se pregunta si el objetivo es que los presos mueran, que la población disminuya, que el problema se resuelva solo.
Luego se corrige, como si no quisiera concederle a nadie una intención tan brutal, aunque los hechos la empujen a pensarlo. No acusa desde el rencor, sino desde el miedo: miedo de que su sobrino no resista la enfermedad, los golpes o el abandono médico. Miedo de que un día la llamada no llegue.
Su advertencia final no es una amenaza, sino una promesa ética. Si algo le pasa a su sobrino, responsabiliza a las autoridades: al director, al jefe de custodios, al gobierno.
No porque quiera señalar culpables, sino porque alguien debe hacerse cargo. Porque hay presupuestos destinados a comida, a uniformes, a salud, y sin embargo las familias siguen pagando todo. Porque visitar a un familiar no debería implicar humillación ni violencia. Porque la cárcel no suspende los derechos humanos, solo los pone a prueba.
Doña Josefina se queda fuera del penal, con el portón cerrado a sus espaldas. Del otro lado, su sobrino sigue esperando atención médica. Entre ambos, un sistema que normaliza la corrupción y convierte la necesidad en negocio.
La historia no termina aquí. Queda abierta, como la herida que deja constatar que, en algunos lugares, la justicia no encierra únicamente a quienes están tras las rejas, sino también a quienes intentan cuidarlos desde afuera.