Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, exmagistrada del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), denunció públicamente una presunta persecución judicial en su contra, que —según afirma— inició después de solicitar su haber por retiro al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La exmagistrada señaló que, tras la notificación de su solicitud, comenzaron denuncias penales dirigidas a excolaboradores del Tribunal de Adolescentes, quienes —asegura— habrían sido presionados y coaccionados para declarar en su contra. Afirmó que estas acciones habrían sido impulsadas por la magistrada presidenta del TUJA, Adriana Pineda Fernández, en colaboración con el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez.
Acusaciones de coacción, hostigamiento y manipulación de testimonios
Pérez Güemes afirmó que dos excolaboradores del tribunal fueron presionados para aceptar un “criterio de oportunidad” con el fin de sustentar señalamientos falsos sobre supuestos “aviadores” durante su administración. Uno de ellos habría firmado el acuerdo bajo amenazas, según la exmagistrada, mientras que otro continúa un proceso penal en defensa de su nombre.
La exmagistrada sostuvo que no tiene notificación alguna de la Fiscalía Anticorrupción, y negó categóricamente las imputaciones presentadas por el consejero jurídico José Luis Jaimes Olmos. Aseguró contar con documentación, actas de entrega-recepción y pruebas notariales que —dijo— demuestran la legalidad de su gestión y el trabajo de su equipo.
Presunto conflicto por presupuesto y jubilaciones
De acuerdo con la exmagistrada, la magistrada Pineda Fernández se habría opuesto reiteradamente al pago de jubilaciones dentro del Tribunal para Adolescentes, argumentando que un número reducido de servidores jubilados impactaría negativamente en el presupuesto actual.
Pérez Güemes aseguró que, mientras se le niega el derecho a un haber por retiro, otros ocho magistrados fueron pensionados con montos vitalicios, pese a tener menor antigüedad que ella. Afirmó también que el presupuesto del tribunal estaría siendo utilizado prioritariamente para fines de imagen pública, tales como espectaculares, anuncios en transporte y revistas.
Críticas al proceso interno del Tribunal Superior de Justicia
La exmagistrada cuestionó la reciente sesión del pleno del TSJ, en la que se resolvió declararse incompetente para analizar su solicitud de retiro. Señaló que la discusión se habría realizado fuera de sesión pública, contraviniendo —según dijo— los principios de transparencia que rigen a ese órgano.
Asimismo, afirmó que existen posibles actos de tráfico de influencias entre la magistrada Pineda y el fiscal Juan Salazar, señalando como ejemplo la incorporación de Edgar Urquiza —quien habría participado en la investigación en su contra— como asesor jurídico del TUJA.
Derechos involucrados
La exmagistrada centró su declaración en la violación de derechos fundamentales como:
- Derecho a la igualdad, al señalar un trato diferenciado respecto a otros magistrados pensionados.
- Derecho al debido proceso, ante presuntas presiones a testigos, falta de audiencia previa y decisiones tomadas fuera de sesiones públicas.
- Presunción de inocencia, al denunciar señalamientos públicos que —dijo— carecen de sustento legal y documental.
Indicó que su caso será decidido en instancias federales mediante juicio de amparo.
La exmagistrada sostuvo que su trayectoria de 33 años en el servicio público y su administración documentada del TUJA acreditan su derecho al haber por retiro, insistiendo en que los señalamientos en su contra son falsos y carecen de pruebas. El proceso continúa abierto y será la justicia federal quien determine la legalidad de sus pretensiones.