Cuautla, Morelos. — A más de una década de la inhumación irregular de 119 cuerpos en un panteón irregular de Tetelcingo, la justicia volvió a tropezar: un juez especializado dictó este lunes auto de no vinculación a proceso a favor de Yolanda Fabiola Barajas Martínez, excoordinadora de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), al considerar que los delitos imputados ya habían prescrito y que la investigación ministerial carecía de solidez.
Una audiencia que exhibió más dudas que certezas
La audiencia, realizada este 8 de diciembre a las 09:52 horas en la sala 1 de la Ciudad Judicial de Cuautla, se centró en dos delitos atribuidos a Barajas Martínez: delitos contra el respeto a los muertos y delitos cometidos por servidores públicos. Sin embargo, la defensa logró desmantelar la acusación al advertir que la penalidad de ambos ilícitos ya había prescrito, un argumento que la Fiscalía no rebatió.
El abogado defensor, Hugo Adrián Patiño, detalló que: Para el delito contra el respeto a los muertos, la pena máxima de 2 años, se extinguió desde julio de 2015. Y para delitos cometidos por servidores públicos, con penalidad máxima de 8 años, la prescripción concluyó el 13 de junio de 2020.
La Fiscalía no pudo explicar qué hizo —o dejó de hacer— la persona imputada
Uno de los puntos más críticos de la audiencia ocurrió cuando la defensa señaló que la FGE atribuyó responsabilidad penal a Barajas solo por el cargo que ocupaba, sin describir una acción u omisión concreta que la vinculara directamente con la inhumación irregular de los 119 cuerpos ocurrida el 28 de marzo de 2014.
El abogado incluso calificó de “ineficaz” el trabajo ministerial, señalando que no se actuó “en tiempo y forma”, y citó jurisprudencia de la Suprema Corte que exige describir la conducta específica de la persona imputada.
La Fiscalía tampoco explicó por qué otros servidores públicos involucrados no fueron investigados, pese a que ellos mismos se colocaron en una posición comprometedora al declarar que sabían de las irregularidades y no actuaron, como es el caso del perito Jaime Olivera Melo y el entonces fiscal general Rodrigo Dorantes Salgado.
La Fiscalía pidió aplicar control de convencionalidad… sin rebatir nada
En un giro desconcertante, la agente del Ministerio Público Angélica de Jesús Hernández Pérez no contrargumentó las razones que la defensa presentó.
En lugar de eso, pidió al juez realizar un “ejercicio de control de convencionalidad”, es decir, resolver en favor de las víctimas. Sin embargo, no ofreció elementos jurídicos para sostener la vinculación ni refutar la prescripción alegada.
El auto de no vinculación en el caso Tetelcingo, uno de los episodios más dolorosos y opacos de la historia reciente de Morelos, vuelve a evidenciar las fallas institucionales en la procuración de justicia. Mientras las familias continúan buscando respuestas, los expedientes siguen naufragando entre retrasos, omisiones y responsabilidades que nunca terminan de aclararse.