En silencio, sin debate público y bajo una urgencia que nadie ha explicado, el Poder Judicial del Estado de Morelos puso en marcha la reestructura ordenada por el Decreto 165, transfiriendo el control administrativo —presupuesto, personal, inmuebles y disciplina— al recién creado Órgano de Administración Judicial (OAJ).
La circular oficial enviada a magistrados, jueces y trabajadores confirma una separación tajante entre quienes juzgan y quienes administran, pero también desata dudas por la forma en que se ejecuta: rápida, centralizada y con amplias facultades para un órgano que aún opera sin reglas claras de supervisión ciudadana.
Un órgano con poder absoluto… sin contrapesos visibles
El documento establece que el OAJ asumirá todo el control operativo del Poder Judicial, incluyendo la reasignación del personal adscrito a juzgados, la vigilancia disciplinaria y la administración de recursos.
En la práctica, esto significa que la estructura tradicional fue desmontada en cuestión de días, dejando al Tribunal Superior de Justicia con exclusivas tareas jurisdiccionales, pero sin herramientas administrativas para sostener la operación cotidiana.
La reforma presume independencia judicial, pero abre una interrogante mayor:
¿Independencia para quién y bajo qué parámetros?
Personal judicial en incertidumbre: reasignaciones inmediatas y sin consulta
La circular confirma que el personal administrativo de juzgados fue separado de sus adscripciones tradicionales y pasó directo al OAJ, que decidirá nuevas funciones, ubicaciones y cargas de trabajo.
No se mencionan criterios de selección, evaluación, capacitación ni mecanismos de defensa laboral.
Para cientos de trabajadores, esto implica un escenario de incertidumbre total, donde un órgano recién creado puede modificar horarios, roles y responsabilidades sin lineamientos transparentes.
Transición obligatoria y acelerada: los juzgados deben adaptarse ya
El OAJ ordena a los juzgados civiles, familiares, mercantiles, penales, laborales y especializados ajustarse de inmediato a la nueva estructura.
Jueces y magistrados deberán coordinarse administrativamente con un órgano que no depende de ellos, que no rinde cuentas a los órganos tradicionales y cuyos alcances aún no han sido socializados.
El riesgo es evidente:
una transición apresurada puede afectar directamente el acceso a la justicia, provocando retrasos, errores administrativos y afectaciones a personas usuarias del sistema judicial.
Una reforma necesaria… pero ejecutada en la opacidad
La separación de funciones administrativas y jurisdiccionales es un estándar internacional que fortalece la independencia. Sin embargo, la implementación en Morelos ocurre sin diagnóstico público, sin plan de transición visible y sin garantías laborales explícitas.
La circular insiste en que el nuevo modelo “responde a las necesidades actuales”, pero evita explicar cómo se garantizará que el OAJ opere sin convertirse en un centro de poder discrecional dentro del propio Poder Judicial.
Más allá del lenguaje técnico y los acuerdos internos, esta reestructura plantea una duda ineludible:
¿El nuevo Órgano de Administración Judicial fortalecerá la justicia en Morelos… o simplemente concentrará poder en manos de unos cuantos?
El tiempo —y la transparencia que hoy no existe— lo dirán.