El Observatorio de la Paridad y Violencia Política Morelos denunció que el IMPEPAC incumplió el Acuerdo IMPEPAC/CEE/22/2025 al negarse a iniciar un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento indígena de Coatetelco, que no respetó la obligación de reservar el 50% de cargos auxiliares para mujeres. El señalamiento apunta directamente a los votos de la consejera Mayte Casales Campos y del consejero Adrián Montesoro, quienes frenaron la aplicación de una medida ya vigente.
El 2 de diciembre, el Observatorio de la Paridad y Violencia Política Morelos presentó una solicitud formal ante el IMPEPAC para exigir que se cumpla el Acuerdo 22, que ordena garantizar la paridad en ayudantías y delegaciones de los municipios, incluyendo aquellos de carácter indígena. La petición llegó tras la sesión extraordinaria del 1 de diciembre, donde el Instituto se negó a iniciar un procedimiento sancionador contra Coatetelco, pese a su incumplimiento evidente.
El Observatorio advirtió que esta omisión vulnera derechos constitucionales y reafirma un patrón institucional que normaliza la desigualdad política hacia las mujeres indígenas.
El voto de Montesoro: “trato particular” que legitima desigualdad
Durante la sesión, el consejero Adrián Montesoro argumentó que Coatetelco debía recibir un “trato particular” por ser municipio indígena y que su convocatoria sólo “sugirió” la paridad, lo cual —según él— sería cumplimiento suficiente. El Observatorio señaló que esta postura desconoce principios básicos:
- Ningún sistema normativo indígena puede restringir derechos político-electorales de las mujeres.
- La paridad no es opcional: es un mandato constitucional.
- El Acuerdo 22 obliga a reservar —no sugerir— al menos el 50% de los cargos para mujeres.
El Observatorio calificó este razonamiento como discriminatorio, pues presenta a las comunidades indígenas como incapaces de garantizar derechos, colocando a las mujeres de estas comunidades en un plano de mayor vulnerabilidad.
Mayte Casales: “coherencia” que contradice un acuerdo ya vigente
La consejera Mayte Casales Campos también votó en contra del dictamen. Justificó su decisión en la “coherencia” con un voto concurrente que emitió meses atrás, cuando señaló que el IMPEPAC no debía aplicar procedimientos sancionadores.
Sin embargo, el Observatorio señaló que ese voto previo no tiene efectos sobre el cumplimiento actual del Acuerdo 22, ya firme y obligatorio. Casales, con su nuevo voto, permitió que:
- El IMPEPAC desconozca un acuerdo que ya aprobó.
- Se creen criterios nuevos para no sancionar a municipios incumplidos.
- Se afecte directamente la progresividad de los derechos políticos de las mujeres.
La postura abre la puerta para que otros ayuntamientos no respeten la paridad sin enfrentar consecuencia alguna.
Advertencia legal: posible violencia política contra mujeres
En su escrito, el Observatorio recordó que las omisiones institucionales también pueden constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, según el artículo 19 quater de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Morelos. La norma establece que es violencia política restringir derechos de las mujeres con base en “tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos” cuando estos violan derechos humanos.
Para el Observatorio, al rehusarse a sancionar a Coatetelco, el IMPEPAC toleró y normalizó la vulneración de derechos político-electorales de mujeres indígenas.
El Observatorio informó que mantendrá vigilancia permanente sobre las decisiones de la Comisión Ejecutiva de Igualdad de Género y del Consejo Estatal Electoral. Además, convocó a organizaciones civiles, colectivas feministas, periodistas y ciudadanía a acompañar el proceso y exigir que la paridad sea garantizada en todos los municipios del estado.
El organismo concluyó que su misión es asegurar que las mujeres morelenses —sin excepción— ejerzan plenamente sus derechos políticos y que ningún acuerdo quede en letra muerta.