En menos de dos minutos, durante la madrugada, tres ataques armados sacudieron Xoxocotla. Las casas de dos regidoras y de la síndica municipal fueron baleadas de manera simultánea.
Las funcionarias habían denunciado días antes un patrón de violencia política, amenazas y omisión institucional atribuido al presidente municipal José Carlos Jiménez Ponciano.
Ninguna autoridad estatal acudió en su auxilio, pese a que existían medidas de protección emitidas por el IMPEPAC.
Una madrugada marcada por el miedo y el silencio
Entre las 4:00 y las 4:02 de la mañana, sujetos en motocicleta abrieron fuego contra los domicilios de la regidora Xitlali Mejía Huerta y de la síndica Alicia Fernandina Capistrán Martínez, ubicados en la calle Benito Juárez, en la colonia Centro de Xoxocotla.
Según el asesor jurídico de las funcionarias, Luis Linares Castro, los disparos se escucharon claramente mientras las servidoras públicas dormían.
Un video captado en el exterior de la vivienda de Alicia Fernandina registró el ataque.
Linares explicó que “momentos antes se escuchan otros disparos”, correspondientes al ataque previo contra la casa de la regidora Xitlali Mejía. Minutos después, dos individuos en motocicleta regresaron para disparar contra la vivienda de la síndica.
Video captado en la madrugada muestra los disparos realizados contra la fachada del domicilio de la síndica Alicia Fernandina Capistrán Martínez, ataque ocurrido minutos después de que también fuera baleada la vivienda de la regidora Xitlalli Mejía.
Un tercer ataque: la violencia alcanza a otra regidora
Mientras se procesaba la información de los dos primeros ataques, el asesor jurídico confirmó un tercero: el domicilio de los padres de la regidora Alma Rosa Santos Mata también había sido baleado.
Según informó, el alcalde sabía que la regidora vivió ahí hasta hace unas semanas, lo que refuerza la presunción de que los ataques fueron dirigidos.
Denuncias formales ignoradas por las autoridades
Las funcionarias habían denunciado públicamente —y ante autoridades— violencia política, amenazas directas, discriminación laboral y bloqueo sistemático a su trabajo por parte del presidente municipal, como se asentó en los testimonios previos y documentos oficiales.
Las regidoras expusieron exclusiones deliberadas de sesiones de cabildo, retención de salarios, multas injustificadas y amenazas, incluido el señalamiento directo contra el regidor Albino Jorge Mata, quien habría advertido a una de ellas que “el presidente la iba a alinear”.
El 24 de septiembre de 2025 se presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, plenamente ratificada, sin que hasta hoy exista acercamiento de ministerios públicos hacia las víctimas.
El 27 de octubre se promovió un juicio de protección de derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral; el 12 de noviembre se emitieron medidas cautelares ordenando protección policial.
Un día después, el IMPEPAC dictó medidas de protección adicionales en un procedimiento especial sancionador por violencia política en razón de género.
Ninguna ha sido cumplida.
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Una reunión sin soluciones y un aparato de seguridad desbalanceado
El pasado lunes previo a los ataques, las y los regidores fueron citados en Palacio de Gobierno “a petición de la secretaria particular por instrucciones de la gobernadora”, donde se comprometieron a iniciar investigaciones. “Pero no hubo más”, denunció el asesor jurídico.
Días después, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales recibió sus testimonios como parte de una carpeta de oficio, sin que se emitieran medidas de protección.
Mientras las regidoras permanecen sin resguardo, el alcalde —según la misma fuente— cuenta personalmente con Guardia Nacional, policía estatal, agentes ministeriales y personal de seguridad privada.
Violencia política: el patrón que se repite
Los ataques armados no son hechos aislados; se suman a semanas de denuncias sobre amenazas, exclusiones, retención de recursos y freno a la vida institucional del cabildo.
Las funcionarias ya habían solicitado audiencia con la gobernadora Margarita González Saravia en al menos tres ocasiones sin obtener una respuesta directa.
También pidieron ser recibidas en la Fiscal General del Estado (FGE) para conocer el avance de las denuncias. Ninguna de ambas solicitudes ha sido atendida.
Los ataques simultáneos contra las viviendas de las dos regidoras y de la síndica elevan el nivel de riesgo en Xoxocotla y confirman un contexto crítico de violencia política de género.
Aunque existen denuncias, medidas de protección y llamados públicos, las autoridades encargadas de garantizarlas no han actuado.
El caso permanece abierto y bajo observación pública, mientras las servidoras públicas continúan exigiendo seguridad, justicia y el respeto pleno a sus derechos.
