La noche del 28 de noviembre, la titular del Instituto de la Defensoría Pública del Gobierno del Estado fue víctima de un robo con violencia cuando dos hombres armados la interceptaron y la obligaron a entregar su camioneta, en un hecho que volvió a exhibir la vulnerabilidad y el riesgo que enfrentan incluso funcionarios encargados de garantizar derechos humanos.
De acuerdo con su testimonio, la funcionaria regresaba de un evento y se dirigía a casa de sus padres, donde su hijo menor la esperaba. Al llegar, observó un vehículo blanco Volkswagen sin placas que se estacionó de forma sospechosa a escasos metros. Alertó de inmediato a su padre y, por recomendación de él, intentó estacionarse correctamente para resguardarse.
Sin embargo, antes de lograrlo, dos hombres descendieron del vehículo, ambos con armas cortas. Uno de ellos realizó un movimiento de corte de cartucho, acercándose de manera directa para intimidarla. “Bájate, bájate”, le exigió mientras le arrebataba las llaves de la camioneta. El segundo sujeto también manipuló su arma, reforzando la amenaza.
La víctima se alejó rápidamente y buscó resguardarse junto a su padre. Los agresores abordaron la camioneta y huyeron del lugar.
Un ataque que revela riesgos estructurales
El robo ocurrió en un contexto particularmente delicado: la víctima es responsable de dirigir una institución que brinda defensa legal y atiende a personas en situación de vulnerabilidad. El hecho de que personas armadas actúen con tal impunidad, incluso frente a la vivienda de familiares de una funcionaria pública, expone no solo un episodio de violencia, sino un fallo más amplio en la seguridad local.
Aunque no se reportaron lesiones físicas, la agresión representa una violación a la seguridad personal, familiar y patrimonial, y evidencia el ambiente de riesgo que viven diariamente tanto ciudadanos como servidores públicos. Además, el ataque fue presenciado de manera indirecta por su hijo menor y su padre, quienes también quedaron expuestos al peligro y al estrés emocional provocado por la amenaza armada.
La titular de la Defensoría Pública presentó la denuncia correspondiente y se espera que las autoridades avancen en la investigación para identificar a los responsables y esclarecer si el ataque fue un hecho fortuito o si existe algún trasfondo que ponga en riesgo su labor institucional. Entretanto, el caso se suma a la creciente preocupación por la violencia que afecta al estado.