Una jueza especializada de control declaró ilegal la detención de nueve personas que fueron aseguradas tras reportarse disparos en un estacionamiento público frente a la Fiscalía General del Estado.
La autoridad judicial determinó que hubo inconsistencias graves, ausencia de pruebas directas y una actuación policial que vulneró derechos fundamentales.
La audiencia se llevó a cabo a las 14:40 horas del martes 25 de noviembre en la Sala 5 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya. Ahí, se revisó la detención de las nueve personas aseguradas el sábado 22 de noviembre, alrededor de las 12:20 horas, tras un reporte de disparos cerca de las instalaciones de la Fiscalía en Temixco.
De acuerdo con el Informe Policial Homologado (IPH), agentes de investigación afirmaron haber escuchado detonaciones y, al dirigirse al estacionamiento público frente al edificio, observaron a varias personas correr hacia el interior.
En un negocio habilitado como funeraria, encontraron a un grupo de personas consumiendo bebidas y, sobre una mesa, un vidrio con supuesto polvo blanco. Ninguna de ellas tenía objetos ilícitos al ser revisadas.
Sin embargo, en otra zona del estacionamiento hallaron casquillos percutidos y una camioneta Suburban con una pistola en su interior. Ninguna de las personas estaba dentro del vehículo ni en su radio de acción al momento de la intervención.
La defensa —entre ellos los abogados Julio César Ceballos Salazar y Cristian Vizuet Almaguer— argumentó que la puesta a disposición ante el Ministerio Público ocurrió casi seis horas después sin justificación, lo que constituye una irregularidad grave.
También señalaron que las pruebas periciales de rodizonato de sodio resultaron negativas para todos los detenidos: ninguno presentó indicios de haber disparado un arma.
La jueza Adriana Correa Ortiz coincidió en que el informe policial estaba incompleto: no especificaba quién realizó el reporte inicial, cómo se confirmó el lugar exacto del hecho ni la relación directa entre los casquillos hallados y las personas aseguradas. Tampoco se precisó la distancia entre los indicios y el grupo, lo que debilitó cualquier vínculo entre ellos y los disparos.
La juzgadora subrayó que las inconsistencias apuntan a que primero fueron detenidos y después investigados, una inversión del proceso que vulnera garantías básicas.
Tras analizar las pruebas y la actuación de los agentes, la jueza concluyó que la detención careció de fundamento legal y ordenó la liberación inmediata de las nueve personas.
La resolución deja en evidencia fallas estructurales en la actuación policial, particularmente en el respeto a los tiempos de puesta a disposición, la recolección adecuada de indicios y la justificación de las intervenciones.
