La Unidad de Medidas Cautelares y Salidas Alternas para Adultos en Cuautla, Morelos, se quedó literalmente a oscuras.
Desde hace varios días, el servicio eléctrico fue suspendido por falta de pago, paralizando la supervisión de medidas impuestas por jueces y dejando a imputados y abogados en una situación de incertidumbre y desgaste.
Las personas sujetas a proceso penal, junto con sus defensores particulares, expresaron su inconformidad ante la inoperancia de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) en Cuautla.
Sin energía eléctrica, el personal no puede acceder a sistemas de registro ni realizar entrevistas ni reportes, lo que genera retrasos en el cumplimiento de las órdenes judiciales y obliga a los usuarios a regresar en repetidas ocasiones para dar seguimiento a su situación.
Fuentes internas señalaron que la crisis va más allá del corte de energía. La UMECA tampoco ha cubierto el pago de la renta del inmueble donde opera, lo que ha generado molestia al propietario y amenaza con el desalojo del espacio.
Esta doble omisión —energía y renta— evidencia una falta de responsabilidad administrativa y una posible mala gestión de los recursos públicos.
La situación afecta directamente el derecho de las personas imputadas a un debido proceso y a una supervisión oportuna, además de poner en riesgo la seguridad jurídica de las víctimas y la sociedad.
La UMECA, encargada de evaluar riesgos y garantizar que las medidas cautelares se cumplan, hoy es un reflejo de la parálisis institucional y del abandono de las obligaciones básicas del Estado.
El incumplimiento en el pago de servicios esenciales no solo interrumpe el funcionamiento cotidiano, sino que vulnera los principios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas que deben regir el actuar de cualquier institución pública.
Mientras la Unidad de Medidas Cautelares de Cuautla permanece sin luz ni condiciones para operar, las personas sujetas a proceso enfrentan un limbo judicial que retrasa audiencias y pone en entredicho la eficacia del sistema de justicia penal en Morelos.
Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha emitido una postura oficial sobre la falta de pago y el posible riesgo de suspensión total del servicio.