La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) volvió a emitir una recomendación contra la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV) por violar los derechos fundamentales de una mujer y sus hijos, quienes fueron reconocidos como víctimas indirectas tras el asesinato de su esposo.
El caso no es aislado: se suma a otra recomendación previa por irregularidades similares en la atención y acceso a la reparación integral de víctimas. Ambas resoluciones exponen un patrón de negligencia, insensibilidad y revictimización institucional dentro de la CEARV.
Una mujer en busca de ayuda, acusada de fraude
El 17 de junio de 2022, una mujer acudió a la CEARV para gestionar medidas de ayuda y reparación, acompañada de su hijo y su hija —todos reconocidos como víctimas indirectas por la Fiscalía—.
Fue recibida por Miguel Ángel López Lugo, entonces Director de Reparación Integral y Derecho a la Verdad, quien, al revisar una factura de gastos funerarios presentada como parte del trámite, la acusó de falsificar el documento y amenazó con denunciarla ante el Ministerio Público.
Humillada y desconfiada, la mujer se retiró del lugar. Pese a haber entregado toda la documentación requerida desde abril de ese mismo año, nunca volvió a ser llamada ni se le brindó información sobre su expediente.
En mayo y junio regresó a la CEARV para conocer el avance del trámite, pero nuevamente le negaron información y atención.
Violaciones acreditadas y funcionarios señalados
Tras recibir la queja, la CDHM recabó informes y evidencias que demostraron que la CEARV incurrió en violaciones al derecho de las víctimas a solicitar, acceder y recibir información, así como a la reparación integral y a no ser objeto de victimización secundaria.
La omisión en sus funciones —detalla la recomendación— colocó a las víctimas en un estado de vulnerabilidad agravado por la indiferencia institucional.
En consecuencia, la CDHM emitió una nueva recomendación dirigida a la titular de la CEARV, Eva Penélope Picazo Hernández, para exhortar formalmente al personal de la Dirección de Reparación Integral a cumplir con sus obligaciones conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Morelos, abstenerse de emitir comentarios revictimizantes y garantizar una atención digna, accesible y rápida.
Un patrón que se repite
Esta resolución se suma a la recomendación CDHM/1S.1/2023-V1, emitida en febrero pasado, en la que la CDHM también acreditó violaciones a derechos de víctimas por omisión y falta de respuesta dentro de la misma CEARV. En ambos casos, los señalamientos recaen sobre los mismos funcionarios, incluido Miguel Ángel López Lugo, responsable de la Unidad de Reparación Integral y Derecho a la Verdad.
La reiteración de estos actos plantea un escenario preocupante: una institución creada para atender víctimas que termina siendo parte de su sufrimiento.
El silencio como violencia
La CDHM ha reiterado que el acceso a la información, la atención eficaz y la reparación integral son derechos humanos que el Estado está obligado a garantizar. Cuando una autoridad niega información, no sólo incumple la ley: profundiza el dolor y la indefensión.
Los dos casos revelan que en Morelos las víctimas siguen encontrando puertas cerradas donde debería haber acompañamiento.
Y en ese vacío de justicia, el silencio institucional se convierte en una nueva forma de violencia.