Una carpeta de investigación por presuntos actos de tortura contra cuatro personas permaneció oculta durante más de dos años, pese a que jueces y magistrados ordenaron avances en el caso.
La agente del Ministerio Público adscrita a la UECS, Isela Lara Escobar, es señalada por familiares de las personas víctimas de haber incumplido resoluciones judiciales y de haber encubierto la información.
El 19 de julio de 2021, el Juzgado de Control de Cuautla, Morelos, recibió un escrito presentado por Cristian, Diego, Teresa y Mónica —personas sentenciadas que denunciaron actos de tortura— en el que solicitaron copias certificadas de los informes ministeriales que debían integrarse en la carpeta FE/UECS/2/216/2018.
De acuerdo con el expediente, la magistrada presidenta de la Sala del Tercer Circuito, Leticia Rendón Montealegre, había ordenado desde el 3 de junio de ese mismo año que el Ministerio Público entregara información precisa sobre el avance de la investigación.
Sin embargo, se documenta que la funcionaria adscrita a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), Isela Lara Escobar, ocultó la carpeta durante 25 meses sin presentar resultados.
Los denunciantes sostienen que, en ese lapso, se incumplieron resoluciones judiciales que exigían informar sobre los presuntos actos de tortura cometidos por agentes estatales.
A pesar de los múltiples requerimientos, no se rindió cuenta alguna del progreso, lo que fue calificado como una omisión grave y un encubrimiento institucional.
El caso fue denunciado formalmente ante la Fiscalía Anticorrupción el 29 de enero de 2021, acusando a la funcionaria de ocultamiento de información y encubrimiento.
Los documentos señalan que, aún después de esa denuncia, las irregularidades persistieron y la investigación permaneció paralizada, afectando el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.
El expediente refleja cómo, a pesar de las órdenes judiciales reiteradas, la investigación por tortura en Morelos permaneció sin avances durante más de dos años.
El asunto continúa bajo seguimiento judicial y ministerial, con la exigencia de que se transparenten los informes y se sancione el incumplimiento de los funcionarios responsables.