- Morelos vive un patrón de diferimientos judiciales que prolonga indefinidamente procesos contra exservidores públicos acusados de corrupción y delitos de violencia sexual, mientras las víctimas y la ciudadanía esperan justicia.
El pasado fin de semana, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción volvió a enfrentar la suspensión de audiencias clave. Por décima ocasión se pospuso la formulación de imputación en contra de los exfuncionarios Einar Topiltzin Contreras, José Iván Fernández Galván y Noé Nañez González, señalados por ejercicio indebido del servicio público. La diligencia, que debía desarrollarse ante el juez especializado de control Manuel González Morales, fue reprogramada hasta noviembre.
El fenómeno no es aislado. En el caso del exdiputado Marcos «N», acusado de violación y acoso sexual, las audiencias han sido interrumpidas repetidamente. Marcos ha cambiado a su defensor al menos en 15 ocasiones, lo que ha generado retrasos constantes. A pesar de que enfrenta prisión preventiva, el proceso avanza con una lentitud que vulnera el derecho de las víctimas a acceder a la justicia en un plazo razonable.
La misma dinámica se repite en los expedientes de las exdiputadas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Visera Alatriste, señaladas por delitos vinculados con corrupción. El pasado 4 de septiembre volvieron a diferir la audiencia intermedia. Ambas han manifestado interés en obtener una suspensión condicional del proceso, sin que hasta ahora la Fiscalía Anticorrupción se pronuncie con claridad sobre la viabilidad de esa salida alterna.
Estos retrasos sistemáticos representan más que simples tácticas de defensa. Al prolongar los procesos, se erosiona la confianza ciudadana en la justicia, se revictimizan a quienes han denunciado y se envía un mensaje de impunidad. La dilación permanente contradice los principios de debido proceso y acceso a una justicia pronta y expedita, garantías que deben proteger tanto a acusados como a víctimas.
Los casos evidencian un patrón de diferimientos que beneficia a los acusados y castiga a la sociedad con la falta de resoluciones judiciales. En un contexto de creciente exigencia de transparencia y rendición de cuentas, la omisión de la Fiscalía para responder con firmeza frente a estas estrategias procesales mantiene abierto un vacío de justicia.
La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo seguirán posponiéndose las decisiones que deberían garantizar verdad y justicia en Morelos?