Atlacholoaya amaneció despejada aquel 17 de septiembre. El sol iluminaba la Ciudad Judicial con una serenidad engañosa, como si no quisiera delatar que adentro se escribía un capítulo inédito en la historia de Morelos.
En la Sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal, un hombre sin toga pero con traje oscuro, camisa blanca y corbata morada ocupaba por primera vez la silla de juez: Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, uno de los primeros jueces electos por voto ciudadano en México.
La ausencia de toga resultaba significativa. En vez de la prenda solemne que distancia, Alonso Ortiz portaba un traje común, como un recordatorio de que también es ciudadano. Su autoridad ya no descansaba únicamente en el cargo, sino en la confianza depositada por quienes lo votaron.
Una sala casi vacía, un hecho histórico
La escena parecía rutinaria: una mujer, encargada de Sala, dos defensores públicos, un periodista. En las pantallas, los Agentes del Ministerio Público conectados a distancia y, desde un penal en Ayala, la imagen de una persona imputada.
Sin embargo, el ambiente que se respiraba era distinto. La presencia de Alonso Ortiz inauguraba una era en la que la justicia ya no solo es designada por meritocracia y en escritorios cerrados, sino también en urnas.
El caso que abrió camino
Su primera audiencia, fue intermedia: el proceso contra José Daniel, detenido en 2017 por portación de arma de fuego sin licencia. La Fiscalía ofreció once pruebas; la defensa, cuatro, de las cuales tres fueron aceptadas. La teoría era simple: insuficiencia probatoria.
La audiencia duró apenas una hora y media. Con atención sostenida y gestos contenidos, Alonso Ortiz escuchó a cada parte y dictó el auto de apertura a juicio oral. Un acto cotidiano para cualquier juzgador, pero monumental en su simbolismo: era la primera resolución de un juez elegido por la gente.
Al otro lado del monitor, el imputado observaba en silencio. Tal vez poco le importara que su juez hubiera llegado ahí por elección popular. Pero la escena no dejaba de ser poderosa: un hombre privado de libertad escuchando a un juez legitimado en las urnas decidir sobre su destino.
El inicio de un camino
Cuando terminó la audiencia, Alonso Ortiz salió sin ceremonias. Su caminar parecía tranquilo, pero sabía que cada paso estaría bajo escrutinio. Había dictado una resolución común, sí, pero en un marco extraordinario: la justicia mexicana entrando, por primera vez, a la lógica del voto.
Ese día, bajo un cielo despejado en Morelos, comenzó una nueva historia. Una en la que los jueces no solo aplican la ley, sino también llevan sobre sus hombros la carga de una legitimidad democrática.
El futuro dirá si la elección de tres nuevos jueces penales electos se convierte en una esperanza cumplida o en una promesa rota. Pero el 17 de septiembre ya quedó marcado como el día en que un juez penal electo dictó su primera resolución en Morelos.
