El Juez Especializado de Control de Garantías, Luis Guillermo Ortega Castillo, declaró ilegal la detención de dos hombres acusados de delitos contra la salud tras un cateo en la colonia Satélite, al evidenciar múltiples violaciones al procedimiento cometidas por agentes de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
Durante la audiencia de control de detención, celebrada la mañana de hoy 15 de septiembre, Ortega Castillo acusó a agentes de investigación criminal, peritos y al Ministerio Público de incumplir las formalidades establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Entre las fallas más graves destacó que el jefe operativo, Daniel Guerrero Rojas, adscrito a la Unidad de Robo de Vehículos de la Fiscalía no firmó el Informe Policial Homologado (IPH), lo que invalida la certeza del registro.
El cateo, realizado el viernes 12 de septiembre en el domicilio, ubicado en la calle Clavel #28 de la colonia Satélite, fue presentado por la Fiscalía como un golpe contra una presunta red de resguardo de vehículos robados.
En su comunicado oficial, la institución informó el aseguramiento de un arma de fuego, casquillos, supuestos narcóticos y motocicletas, además de la detención de Francisco Javier D. C. y Alejandro L. O.
Sin embargo, el juez señaló que ni en el acta circunstanciada ni en el IPH quedó asentado el lugar exacto, la hora o la forma en que fueron encontrados los indicios, lo que vulnera el derecho de defensa.
“¿Cómo se va a defender la defensa si no se precisa dónde ni cuándo se hallaron los objetos? Ni siquiera se establece si estaban en poder de los imputados o simplemente dentro del inmueble”, cuestionó Ortega Castillo.
El juez también exhibió contradicciones en la narrativa oficial: no se detalló con claridad la ruta de traslado de las personas detenidas, ya que en el informe dice que fueron llevados primero a Torres Morelos y después a la Fiscalía. Ni se justificó la falta de médicos para certificarlos.
A ello sumó la violación del principio de no discriminación, pues durante el cateo se les hizo preguntas directas sobre la portación del arma, presumiendo su responsabilidad sin pruebas suficientes.
Ante estas irregularidades, Ortega Castillo ordenó la inmediata libertad de las personas detenidas, con reservas de ley, al considerar insalvables las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.
La resolución deja en entredicho el trabajo de la Fiscalía y de las corporaciones federales y estatales que participaron en el operativo, mostrando que, pese a las reiteradas resoluciones judiciales, las malas prácticas en cateos y detenciones persisten en Morelos.