La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución No. 2/25, en la que advierte que la privación de libertad no sólo impacta a quienes están en prisión, sino también a sus familias, especialmente niñas, niños, adolescentes y mujeres. El organismo internacional llamó a los Estados de la región a garantizar el respeto a los vínculos familiares y a frenar prácticas discriminatorias y abusivas en los sistemas penitenciarios.
La CIDH alertó que el uso excesivo de la prisión preventiva y el hacinamiento carcelario generan una cadena de violaciones a derechos humanos que trasciende a la persona detenida. Cada encarcelamiento, según estimaciones de organizaciones civiles, afecta directamente a cinco personas del entorno cercano, quienes enfrentan consecuencias sociales, emocionales y económicas desproporcionadas.
Las niñas y niños con familiares presos son uno de los grupos más vulnerables: sufren estigmatización, discriminación, problemas de salud mental y dificultades escolares. En casos extremos, incluso pueden ser institucionalizados o dados en adopción, lo que vulnera su derecho a vivir en familia.
El organismo denunció además que familiares y personas con vínculos afectivos padecen malos tratos, requisas intrusivas y estigmatización en su vida cotidiana. Muchas mujeres, sobre quienes recae la mayor carga de cuidados y visitas, se ven obligadas a asumir gastos económicos que en realidad corresponden a los Estados.
La resolución enfatiza que las políticas penitenciarias deben priorizar el mantenimiento de vínculos familiares, prohibir registros corporales invasivos, garantizar visitas dignas y asegurar que las personas privadas de libertad estén recluidas cerca de sus familias. También ordena a los Estados prevenir represalias contra familiares que actúan como defensores de derechos humanos.
Con esta resolución, la CIDH coloca en el centro del debate regional la necesidad de reconocer y proteger los derechos de quienes, sin haber cometido delito alguno, cargan con el peso invisible de la prisión: los familiares y personas con vínculos afectivos de quienes se encuentran privadas de libertad. Ahora, los Estados deberán traducir estas obligaciones internacionales en acciones concretas para garantizar dignidad, igualdad y justicia.