Mujeres internas del Centro Femenil de Atlacholoaya dirigieron una carta a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y a diversas autoridades judiciales y penitenciarias, para exigir que se frene su traslado al centro “Blanco 10”, denunciando que la medida vulnera su derecho a la convivencia familiar y representa un acto de violencia institucional.
El pasado 24 de agosto de 2025, más de un centenar de mujeres privadas de la libertad en el penal femenil de Atlacholoaya redactaron una carta firmada colectivamente donde expresan su rechazo a la decisión gubernamental de reubicarlas al centro “Blanco 10”, ubicado en Cuernavaca.
En el documento, las firmantes aseguran que fueron informadas por el coordinador de Centros Penitenciarios, Eduardo Javier Romero Espinoza, de que el traslado se realizaría con el argumento de “dignificar la vida de las mujeres privadas de libertad”. Sin embargo, ellas denuncian que en realidad se trata de una medida que las aleja de sus familias y las somete a condiciones más restrictivas.
Las mujeres internas enfatizan que la decisión afecta de manera directa su derecho a convivir con hijos, hijas y familiares, al romper vínculos y obligar a niñas y niños a presenciar la fractura de su núcleo familiar. “Esto nos condena a vivir con miedo, tristeza, angustia y la revictimización de un hecho traumático para nosotras y para toda nuestra familia”, señalan en el escrito.
Además, cuestionan que la medida se justifique bajo un discurso de protección, ya que —afirman— son las propias autoridades quienes terminan por vulnerarlas. También señalan que las solicitudes de beneficios de preliberación han sido negadas de manera sistemática por criterios que califican como misóginos, lo que ha mantenido la sobrepoblación en Atlacholoaya.
En su pliego de exigencias, las mujeres privadas de libertad piden:
- No separar ni romper núcleos familiares.
- No realizar traslados repentinos fuera de su zona de arraigo.
- Otorgar preliberaciones para reducir la sobrepoblación.
- Reconocer que la “dignificación” de la vida de las internas no se logra con traslados forzados, sino con beneficios legales que respeten sus derechos.
La carta, dirigida también a la Jueza Especializada de Ejecución, Gloria Angélica Jaimes Salgado, al jefe de seguridad Miguel Ángel Urrutia Lozano y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, concluye con un llamado a la sororidad y a la compasión: “Con el corazón en la mano les pedimos que entiendan que esto nos tortura día a día”. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una respuesta pública a las demandas de las internas.