A pesar de que tanto la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditaron actos de tortura psicológica y física en agravio de cuatro personas detenidas, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un acuerdo de no ejercicio de la acción penal a favor de los agentes señalados.
Ayer, a las 10:00 horas, se programó una audiencia de auxilio judicial solicitada por el asesor jurídico de una de las víctimas para exponer este tema ante el Juez Especializado para Actos de Investigación, Jorge Alberto López Salinas.
La CNDH había confirmado que agentes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) y de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) sometieron a las víctimas: Santa Teresita R. S., Mónica Jazmín H. R., Diego Arturo T. L. y Christian Arturo T. L. a actos de tortura física y psicológica.
Los dictámenes médicos y psicológicos aplicados bajo los Protocolos de Estambul dieron sustento a dichas conclusiones.
En consecuencia, el organismo nacional emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades estatales, entre ellas la reparación integral del daño, atención médica y psicológica para las víctimas, capacitación obligatoria para prevenir actos de tortura y la sanción a los servidores públicos responsables.
Sin embargo, lejos de cumplir con la ruta de justicia marcada por los organismos de derechos humanos, la Fiscalía General del Estado determinó no ejercer acción penal contra los agentes denunciados, otorgándoles un manto de impunidad pese a las evidencias documentadas.
Frente a esta decisión, el asesor jurídico de una de las víctimas solicitó una audiencia de auxilio judicial, programada para este miércoles a las 10:00 horas, con el objetivo de revertir el acuerdo y exigir que se investiguen y sancionen los abusos.
El contraste entre las recomendaciones de la CDHEM y la CNDH y la decisión de las autoridades ministeriales refleja una profunda contradicción en la procuración de justicia en Morelos: mientras organismos nacionales confirman la existencia de tortura, el aparato judicial exonera a los responsables.
La audiencia de ayer fue reprogramada para el próximo 8 de octubre debido a que las personas investigadas no fueron notificadas sobre la audiencia debido a sobre carga de trabajo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
La próxima audiencia será clave para definir si se mantiene la ruta de impunidad o si se abre la posibilidad de justicia para las personas víctimas.