La violencia alcanzó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La tarde de ayer sábado 23 de agosto, Antonio Cortes Torres, agente del Ministerio Público, fue asesinado en un local de venta de pulque ubicado sobre la carretera Cuautla–El Hospital.
El ataque ocurrió alrededor de las 18:30 horas, cuando personas a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra Cortes, quien quedó tendido a las afueras del establecimiento. La escena fue resguardada bajo luces de emergencia mientras vecinos observaban con desconcierto el despliegue policiaco.
Investigador clave en la corrupción penitenciaria
Antonio Cortes encabezaba la investigación contra Gabriel Álvarez Mosqueda, director del Centro de Reinserción Social (CERESO) Varonil de Cuautla, señalado en al menos dos denuncias por presuntos actos de corrupción.
La indagatoria apuntaba a un esquema de protección institucional que operaba dentro del sistema penitenciario estatal, ya que, en su momento la ahora víctima confesó que existía protección hacia el director penitenciario del Gobierno del Estado.
Antes de incorporarse a la Fiscalía Anticorrupción, Cortes había servido como agente en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y en la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI). Su trayectoria lo colocaba en el centro de algunos de los casos más sensibles de Morelos.
Silencio oficial y riesgos a la justicia
El asesinato ha sido manejado con total hermetismo por parte de las autoridades, sin que hasta el momento se brinde información sobre posibles responsables o avances en las indagatorias.
Este hecho no solo representa la pérdida de un funcionario en activo, sino que también expone los riesgos que enfrentan quienes investigan redes de corrupción dentro de instituciones públicas. La falta de garantías de seguridad para agentes ministeriales y la opacidad oficial reavivan cuestionamientos sobre la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia en Morelos.
Un mensaje a la sociedad
La ejecución de un fiscal que investigaba irregularidades penitenciarias golpea directamente la confianza ciudadana en el sistema judicial. El caso evidencia la fragilidad de las instituciones y la necesidad de respuestas inmediatas que aseguren justicia para la víctima y protección para quienes, desde dentro, se atreven a investigar a estructuras de poder.