La noche del 16 de agosto terminó en tragedia cuando una persona identificada como Luis Gerardo G. A., albañil de 29 años, murió abatida por policías de Temixco en un operativo tras el robo de una motocicleta.
El caso, que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), ha generado interrogantes sobre el uso de la fuerza, la legalidad de la detención y posibles violaciones a derechos humanos.
De acuerdo con la denuncia, tres personas jóvenes fueron asaltadas en la colonia Azteca de Temixco por dos hombres que las despojaron de una motocicleta y de un teléfono celular.
A través del GPS del móvil, agentes de la policía siguieron la ruta hasta una gasolinera conocida como “Xochigas”, donde las personas víctimas señalaron a las personas presuntamente responsables.
Según la versión oficial, al momento de intentar la detención, Luis Gerardo habría huido y disparado contra los agentes, lo que provocó que uno de ellos repeliera la supuesta agresión. El policía disparó su arma 14 veces; una de las balas alcanzó a la persona, quien murió en el lugar.
El caso se complica ante la falta de pruebas clave. La Fiscalía no ha recabado el video del establecimiento donde ocurrieron los hechos, tampoco ha presentado los resultados de la necropsia, y se cuestiona la autenticidad del arma que supuestamente portaba la persona fallecida, quien también resultó negativo a la prueba de disparo.
Estas omisiones ponen en duda la transparencia de la investigación y abren la puerta a posibles violaciones al debido proceso ya que existen antecedentes de casos similares.
La segunda persona señalada en el asalto, identificada como Eduardo H. V., fue detenida y vinculada a proceso penal en una audiencia celebrada el viernes 22, por el delito de robo de vehículo agravado.
La Jueza Especializada de Control, Adriana Correa Ortiz otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, mismo que concluye el próximo octubre.
La muerte de una persona durante un operativo policial no solo expone el riesgo de excesos en el uso de la fuerza, sino también la necesidad de esclarecer los hechos sin manipulación de pruebas ni omisiones.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que cada caso de letalidad por parte de las autoridades debe ser investigado con rigor, para garantizar verdad y justicia tanto a las personas víctimas como a la sociedad.