La separación forzada de al menos 133 Personas Privadas de la Libertad (PPLs) del penal de Atlacholoaya hacia cárceles en Sinaloa, Michoacán, Durango y Guanajuato ha detonado un nuevo conflicto judicial y humano en Morelos.
Este lunes, familiares de las personas internas realizaron un plantón pacífico frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para exigir audiencia con el Magistrado Presidente, Juan Emilio Elizalde Figueroa.
La protesta se centra en la resolución del Magistrado Javier Mújica Díaz, quien negó el regreso de las personas internas a Morelos, pese a que un juez previamente calificó como ilegal su traslado.
Las familias denuncian que la decisión viola derechos fundamentales de convivencia y reinserción social, al imposibilitar las visitas debido al alto costo económico que implica viajar hasta dos días para llegar a los penales foráneos, con gastos superiores a los 4 mil pesos.
“Muchas familias somos el único sustento; madres, hermanas, esposas y adultos mayores que cargamos una cruz invisible, alejadas de nuestros internos y apartadas de sus procesos de reinserción”, expresó uno de los afectados, quien pidió guardar el anonimato.
La inconformidad también alcanzó a las recientes rotaciones judiciales ordenadas por el TSJ, en las que el Juez de Ejecución Tomás Mateo Morales fue reemplazado por la jueza Verónica Rosas Martínez en la revisión de traslados.
Para los familiares, estos cambios solo profundizan la opacidad en las decisiones y alimentan sospechas de corrupción en el sistema penitenciario.
“Estamos cansados de tanta humillación y de expedientes clonados que vinculan falsamente a nuestros internos con grupos delictivos”, señalaron.
Durante la manifestación, los familiares entregaron un pliego de cuatro exigencias principales:
- Una audiencia directa con el presidente del TSJ.
- Explicación puntual de por qué el magistrado Mújica detuvo los traslados de retorno.
- Información clara y real sobre el proceso en curso.
- Una propuesta concreta que permita reestablecer la cercanía entre internos y familias mientras se resuelve el caso.
El caso evidencia nuevamente la fragilidad del sistema penitenciario en Morelos, donde las decisiones judiciales impactan de forma directa en los derechos humanos tanto de las personas internas como de sus familias, quienes hoy luchan no solo contra el estigma, sino contra el aislamiento impuesto por resoluciones judiciales que consideran injustas y desproporcionadas.