La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) ha iniciado una carpeta de investigación contra Daniela Fernanda González Esquivel, excontralora municipal de Tlalnepantla, por el delito de robo calificado. Este caso pone nuevamente en el centro de atención el manejo irregular de recursos públicos y el deber de lealtad que deben observar los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
El pasado viernes, Agentes de Investigación Criminal y del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Anticorrupción ejecutaron una orden de cateo en el domicilio de la exservidora pública, ubicado en Cuernavaca. Durante la diligencia, se encontraron objetos que González Esquivel había omitido reportar y que presuntamente se encontraban bajo su custodia en calidad de comodato cuando fungía como contralora en el periodo 2022-2024.
Según fuentes oficiales, la excontralora argumentó haber extraviado un equipo de comunicación y accesorios entregados para el desempeño de su cargo. Sin embargo, en el cateo se localizaron dichos bienes, así como otros artículos cuya custodia no había sido declarada al término de su administración.
Irregularidades y omisiones
El contexto en Tlalnepantla no es menos relevante. La administración 2022-2024, encabezada por Ángel Estrada, no llevó a cabo el proceso formal de entrega-recepción al actual gobierno municipal, lo que generó un ambiente de opacidad en el manejo de recursos públicos. Este caso, señalan expertos, es un reflejo de la falta de mecanismos sólidos de transparencia y rendición de cuentas en la región.
Cabe recordar que, además de su cargo como contralora, González Esquivel trabajó anteriormente en la Visitaduría de la Fiscalía General del Estado (FGE) y en la misma FECC. Este historial profesional hace que las acusaciones en su contra sean aún más relevantes, pues refuerzan la expectativa de un comportamiento íntegro y responsable en el manejo de bienes públicos.
Próximos pasos en el proceso judicial
Al momento de la diligencia, Daniela Fernanda González no se encontraba en su domicilio. Las personas entrevistadas en el lugar se negaron a proporcionar información sobre su paradero, lo que ha dificultado la notificación oficial de la denuncia en su contra.
Ante esta situación, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una audiencia ante un Juez de Control para formular la imputación por el delito de robo calificado. En caso de que la exservidora no comparezca, el Ministerio Público podría solicitar que se le declare sustraída de la acción de la justicia y, eventualmente, girar una orden de aprehensión.
Este caso subraya la importancia de la transparencia y la ética en el servicio público, especialmente en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones se encuentra en constante escrutinio. La FECC ha reafirmado su compromiso de actuar con firmeza en contra de los actos de corrupción, independientemente del cargo o función previa del implicado.
Conforme avance el proceso, se espera que este caso arroje luz sobre las condiciones en que se manejaron los recursos públicos durante la administración pasada en Tlalnepantla, un municipio marcado por irregularidades administrativas y falta de rendición de cuentas.