La reciente liberación de Janethe V. R., colaboradora del Sistema Municipal DIF Cuernavaca, generó un enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (TSJ).
Mientras la autoridad municipal cuestiona la resolución judicial, el Poder Judicial sostiene que actuó conforme a la ley en tanto que el abogado defensor, Juan Manuel Cuellar Miranda dijo que en la detención se violaron derechos fundamentales de Janethe.
El caso: Robo y daños al patrimonio municipal
Janethe V. R. fue detenida el lunes 20 de enero, acusada de sustraer recursos públicos del DIF Cuernavaca y bienes muebles del organismo. Según el Ayuntamiento, las autoridades judiciales no valoraron debidamente las pruebas que sustentaban la acusación, lo que derivó en una decisión que consideran «ajena al derecho».
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia explicó que la liberación no implica el cierre del caso, sino que se debió a irregularidades procesales y falta de elementos legales.
Postura del Ayuntamiento: Decisión «desleal e indebida»
A través de un comunicado, el Ayuntamiento condenó enérgicamente la resolución del Juez de Control, calificándola como contraria al interés público. Según el municipio, el juez no realizó una revisión exhaustiva de las pruebas y minimizó las implicaciones del caso.
“La resolución judicial no se apegó a derecho, dado que el juez no ponderó adecuadamente las pruebas y elementos que dan sustento a la acusación”, señaló el Ayuntamiento, que también llamó a las autoridades judiciales a «proteger el interés público y la confianza de la ciudadanía».
El municipio subrayó que se trata de un caso grave de robo de recursos y daño al patrimonio municipal, y reclamó una mayor diligencia en el análisis judicial.
Argumentos del TSJ: Fallas en el procedimiento penal
En contraste, el Tribunal Superior de Justicia justificó la liberación de Janethe V. R. con base en fallos procedimentales. Según el TSJ, la detención de la imputada fue ilegal debido a una dilación de casi cinco horas entre el momento del presunto delito y la aprehensión, lo que violaría el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula la flagrancia.
Además, en cuanto al delito de daños, el TSJ precisó que no se presentó una querella formal, requisito indispensable para que el Ministerio Público pudiera actuar.
“El hecho con apariencia de delito fue consumado, pero la persona no fue detenida de forma inmediata”, explicó el comunicado del Tribunal, destacando que la Fiscalía aún puede solicitar la formulación de imputación para iniciar el proceso penal.
Abogado de la defensa: La Fiscalía debe investigar hay más personas involucradas
El abogado defensor, Juan Manuel Cuéllar Miranda, aseguró que la detención se basó en un señalamiento de terceras personas, sin que el vigilante que supuestamente la observó cometiendo un delito haya actuado en el momento.
«La detención se dio supuestamente por robo calificado y daños a las oficinas del DIF», explicó el abogado. «Sin embargo, el señalamiento fue hecho por terceras personas, no por el vigilante que supuestamente la vio. Además, hay irregularidades procesales que impiden que la detención tenga validez legal».
Cuéllar Miranda señaló que la Fiscalía ahora tiene la oportunidad de investigar el caso para determinar la responsabilidad de quienes hayan incurrido en un delito. «Hay un trasfondo detrás de este conflicto, hay diversas personas involucradas y una línea de investigación que la Fiscalía debe seguir», afirmó.
Un caso abierto que polariza opiniones
El contraste entre ambas versiones subraya un choque entre la percepción del Ayuntamiento, que ve en esta resolución una falla grave que afecta a la confianza ciudadana, y el Tribunal Superior, que defiende su actuación como estrictamente legal.
Este caso también evidencia un problema recurrente en la justicia penal: las consecuencias de errores procesales que pueden poner en riesgo el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables.
Por ahora, el futuro del caso dependerá de la acción de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que tiene en sus manos la posibilidad de reactivar el proceso penal. Mientras tanto, este enfrentamiento entre poderes seguirá alimentando el debate sobre la justicia y la transparencia en Morelos.