Una de las resoluciones fue antecedente de la investigación contra el tesorero Carlos Javier Arozarena Salazar. Anticorrupción solicitó una audiencia para imputarlo y después retiró su petición por diligencias pendientes. El Guardián MX busca documentar el alcance de los cobros y las respuestas institucionales.
Por: El Guardián Mx | Periodismo para la justicia
Tres resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Morelos documentan cobros de la empresa LHC Grúas y Transportes relacionados con infracciones de tránsito en Cuernavaca, ordenan devolver pagos y señalan presuntas irregularidades que debían ser investigadas por las autoridades competentes.
Los expedientes TJA/1ªS/80/2023, TJA/2ªS/093/2023 y TJA/2ªS/109/2023 ofrecen operaciones concretas para examinar cómo funcionaban los cobros derivados del alcoholímetro, quién recibía cada cantidad y qué ocurrió después de las sentencias.
El primero contiene un pago de $2,700 a la empresa por arrastre y dos días de resguardo. En los otros dos aparecen cobros privados de $2,950 por arrastre y resguardo, y de $1,245 por arrastre, respectivamente.
Las resoluciones también identifican pagos realizados a la Tesorería municipal. Esa distinción impide presentar todas las cantidades como recursos que dejaron de ingresar al Ayuntamiento.
En el expediente TJA/1ªS/80/2023, por ejemplo, el Tribunal diferenció una multa de $5,706 y un pago de $207 por inventario, cobrados por la Tesorería, de los $2,700 recibidos por la empresa. Ordenó devolver los tres pagos después de anular la infracción.
La pregunta pendiente es qué ocurrió al cumplir esas órdenes: quién hizo las devoluciones, con qué recursos y si existieron transferencias o reintegros entre la empresa y el municipio.
Esta sentencia, emitida el 28 de febrero de 2024, fue citada por la Fiscalía Anticorrupción como antecedente de su investigación contra el tesorero Carlos Javier Arozarena Salazar.
Según la solicitud ministerial, la Fiscalía recibió la notificación del Tribunal el 22 de mayo de 2024. Más de dos años después, en septiembre de 2026, solicitó una audiencia para formular imputación por presuntas omisiones de vigilancia sobre esos cobros.
Inicialmente sostuvo que tenía datos suficientes sobre el hecho investigado y la probable participación del funcionario. Sin embargo, el 9 de octubre retiró la petición porque todavía tenía diligencias pendientes para perfeccionar la investigación.
El juez Luis Guillermo Ortega Castillo canceló el 12 de octubre la audiencia prevista para el día siguiente, dentro de la causa JC/1701/2026. Ese acuerdo no identificó las diligencias faltantes ni fijó una nueva fecha.
En el seguimiento del caso, fuentes consultadas por El Guardián MX reportaron los despidos de la contralora municipal Tania Berenice Ulloa Zamora y del mando de Anticorrupción Erik Job Mendoza Morales, y los relacionaron con presuntas irregularidades en su manejo.
La revisión institucional debe abarcar las distintas funciones de vigilancia. La sentencia principal enumera atribuciones de la Presidencia municipal, la Sindicatura y la Tesorería, además de ordenar una vista a la Contraloría y a Anticorrupción.
El Guardián MX busca información de personas que hayan pagado estos servicios, promovido juicios o participado en su operación y supervisión. Los testimonios y documentos permitirán comprobar si existen más asuntos y reconstruir el destino de cada pago.
¿Qué investigaron las autoridades después de recibir las advertencias judiciales? ¿Se devolvió el dinero y quién asumió el costo?