Fuentes relacionan ambas decisiones con presuntas irregularidades en el caso de Carlos Javier Arozarena Salazar. El señalamiento abre nuevas preguntas sobre la preparación de la investigación y quién autorizó llevarla ante un juez.
Por: El Guardián Mx | Periodismo para la justicia
Fuentes consultadas por El Guardián MX reportaron los despidos de la contralora municipal de Cuernavaca, Tania Berenice Ulloa Zamora, y de Erik Job Mendoza Morales, mando de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), después de que se hizo público el retiro de la solicitud para formular imputación contra el tesorero Carlos Javier Arozarena Salazar.
Las fuentes vincularon las peticiones con presuntas irregularidades en el manejo del caso.
El reporte coloca bajo un nuevo examen la actuación de Anticorrupción: primero afirmó que tenía datos suficientes para formular imputación contra el tesorero; después retiró su solicitud porque todavía debía recabar diligencias para perfeccionar la investigación.
Ahora, las versiones sobre posibles salidas obligan a preguntar qué ocurrió dentro de las instituciones y qué intervención tuvo cada funcionario.
Un elemento documental vincula directamente a Mendoza Morales con la solicitud inicial: su nombre aparece con el visto bueno del escrito presentado al juzgado, identificado como director general operativo de Investigaciones y Procesos Penales de Anticorrupción.
Esa intervención acredita su participación en la revisión de la solicitud, pero no demuestra por sí misma una irregularidad. Sí permite formular una pregunta concreta: ¿qué revisión se realizó antes de autorizar que el Ministerio Público solicitara la audiencia?
El agente del Ministerio Público Hugo Enrique Umaña Nájera presentó el retiro el 9 de octubre. El juez Luis Guillermo Ortega Castillo resolvió el 12 de octubre cancelar la audiencia prevista para el día siguiente, a las 11:30 horas, en Atlacholoaya, dentro de la causa JC/1701/2026.
El acuerdo judicial señala que había diligencias pendientes, pero no identifica cuáles eran ni establece una nueva fecha.
La investigación está relacionada con presuntas omisiones de vigilancia sobre cobros de grúa y corralón derivados del alcoholímetro. La Fiscalía sostiene que una empresa particular recibió ingresos que debieron ingresar a la Tesorería municipal. Su solicitud inicial no precisó el monto del supuesto daño al Ayuntamiento.
Respecto de la Contraloría municipal, las fuentes no detallaron qué actuación u omisión concreta atribuyen a Ulloa Zamora ni aportaron un documento que individualice su intervención en el caso.
Sobre un posible relevo, una fuente anticipó que Iveth Rosalinda Leblanc Ruiz podría ser nombrada al frente de la Contraloría. La misma fuente señaló un vínculo conyugal con Héctor Manuel del Prado Méndez, a quien identificó como director de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas de esa dependencia.
El eventual nombramiento, el vínculo familiar y el cargo señalado requieren corroboración. Esa versión no permite afirmar, por sí sola, que exista un conflicto de interés; obliga a esclarecer las funciones y la posible relación de supervisión entre ambos.
La cancelación de la audiencia no resolvió la responsabilidad penal del tesorero, quien conserva su presunción de inocencia. Tampoco las peticiones de renuncia reportadas equivalen a una determinación de responsabilidad de las personas señaladas.
Las eventuales salidas de funcionarios no sustituyen la explicación institucional: ¿qué hechos motivaron pedir sus renuncias, quién autorizó promover la audiencia y qué faltaba investigar cuando Anticorrupción decidió retirar su solicitud?