Trabajadores colocaron carteles contra el secretario de Salud de Morelos, mientras la Sección 29 del SNTSA solicitó la intervención de la gobernadora Margarita González Saravia. El sindicato denuncia presuntos despidos, hostigamiento y procedimientos administrativos dirigidos contra personal operativo, señalamientos que requieren respuesta oficial.
Por El Guardián Mx | Periodismo para la justicia
Trabajadores del sector salud colocaron carteles en instalaciones médicas para manifestarse contra el secretario de Salud de Morelos, Mario Ocampo Ocampo, a quien acusaron de presunto hostigamiento, abuso de poder, despidos injustificados y de utilizar al sector como “botín político”.
Las expresiones fueron exhibidas en accesos e instalaciones vinculadas con el Hospital Comunitario de Jonacatepec y la Jurisdicción Sanitaria número II, de acuerdo con las referencias visibles en las fotografías recibidas por El Guardián Mx.
“Basta de utilizar al sector salud como botín político”, “no más despidos injustificados”, “exigimos respeto a nuestras condiciones generales de trabajo” y “basta de abuso de poder” son algunos de los mensajes colocados por las personas inconformes.
Sindicato solicita intervención de la gobernadora
La protesta ocurre en el contexto de un oficio de la Sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, dirigido a la gobernadora Margarita González Saravia.
En el documento número 333/2026, Gil Magadán Salazar, secretario general de la organización sindical, solicita la intervención del Gobierno de Morelos ante lo que considera un ambiente de tensión dentro del sector.
El dirigente sostiene que la representación sindical ha exigido unidades médicas adecuadas, personal suficiente, materiales, equipo y medicamentos para atender a las personas usuarias, además del respeto a los derechos laborales y a las condiciones generales de trabajo.
También asegura que trabajadores de Servicios de Salud de Morelos habrían sido emplazados “irregularmente” por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dentro de procedimientos de responsabilidad administrativa.
Según la versión sindical, las actuaciones estarían alcanzando a personal operativo de bajo rango que únicamente habría firmado órdenes de servicio ejecutadas en sus áreas de adscripción.
Esta afirmación requiere conocer los expedientes, las conductas atribuidas a cada persona y los elementos reunidos por la autoridad investigadora. Un emplazamiento no equivale a una sanción ni demuestra responsabilidad administrativa.
Señalan contratos de 2023 y 2024
Uno de los aspectos más relevantes del oficio es la referencia a empresas beneficiadas con contratos durante los ejercicios 2023 y 2024.
La dirigencia sindical sostiene que algunas de esas compañías continuarían prestando servicios sin haber sido objeto de actos de molestia, mientras los procedimientos administrativos se estarían concentrando en trabajadores operativos.
El documento no identifica a las empresas, los contratos, sus montos, los servicios prestados ni las personas servidoras públicas que autorizaron las contrataciones. Por ello, el señalamiento representa una línea de investigación y no una irregularidad acreditada.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno debe explicar cuántos procedimientos existen, qué hechos investiga y cuál fue la participación atribuida al personal emplazado, sin vulnerar el debido proceso ni la información reservada de los expedientes.
Acusan intervención en Servicios de Salud
En su escrito, Magadán Salazar reconoce la responsabilidad y el trabajo de Rolando González Nájera dentro del sector, pero sostiene que diferentes áreas de Servicios de Salud de Morelos estarían sujetas a instrucciones directas del secretario Mario Ocampo Ocampo.
Entre ellas menciona las áreas de Administración, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros, Hospitales, Primer Nivel, Jurídica y Planeación y Desarrollo.
De acuerdo con el dirigente, esta situación limitaría la capacidad de decisión al interior del organismo. Hasta el momento, esta es la versión de la representación sindical y debe ser contrastada con ambas autoridades.
Las preguntas pendientes
La inconformidad coloca al Gobierno de Morelos ante la obligación de responder si existen despidos, actos de hostigamiento o afectaciones a las condiciones laborales del personal sanitario.
Pero también abre una pregunta de rendición de cuentas:
¿Las investigaciones administrativas están alcanzando a quienes solicitaron, autorizaron y adjudicaron los contratos o únicamente al personal operativo que firmó documentos durante su ejecución?
También deberá informarse qué empresas contratadas en 2023 y 2024 continúan prestando servicios, por qué montos y bajo qué procedimientos de contratación.
El Guardián Mx solicitará la postura de la Secretaría de Salud, Servicios de Salud de Morelos, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Gobierno y la dirigencia de la Sección 29 del SNTSA.
La existencia de una protesta está documentada. La veracidad de sus acusaciones todavía debe ser esclarecida.
