Luis Andrés Vargas Ríos sigue sin recuperar la casa que reclama. Señala a Karla Azucena Melchor Ocampo, como responsable. Un nuevo acuerdo judicial citó al Ministerio Público Teodoro Rodríguez Zeferino bajo apercibimiento de multa pero no compareció.
Por: El Guardián Mx | Periodismo para la justicia
Jojutla, Morelos.— Primero perdió el acceso a la casa que habitaba, según su testimonio, después de un cateo y aseguramiento. Luego supo que la Fiscalía Regional Sur Poniente había entregado el inmueble a otra persona. Tuvo que acudir ante un juez para conseguir que la institución recibiera sus documentos y atendiera sus peticiones. Ahora, Luis Andrés Vargas Ríos denuncia que el Ministerio Público tampoco se presentó a una nueva audiencia convocada para revisar su reclamación.
El caso expone una entrega reconocida por la propia Fiscalía y una cadena de omisiones que denuncia el promovente, quien sostiene que sigue sin recuperar el inmueble cuya posesión reclama y cuya propiedad atribuye a su madre.
Los nombres que señala son Karla Azucena Melchor Ocampo, agente del Ministerio Público de la fiscalía regional Sur Poniente, a quien le atribuye participación en una entrega que considera irregular
Luis Ándres sostiene que la persona que recibió el inmueble nunca había vivido ahí. La Fiscalía, por su parte, defendió en audiencia que esa persona acreditó su derecho con documentación idónea. Esa controversia no ha sido resuelta a favor de Vargas Ríos en los documentos disponibles.
La intervención judicial sí dejó una obligación concreta para la institución: recibir sus documentos, atender sus peticiones, investigar y responder.
Durante la audiencia del 19 de agosto de 2026, dentro de la carpeta técnica JCJ/224/2026, la Fiscalía negó haber sido omisa. Argumentó que había recibido un escrito y programado una cita para el 19 de junio, a la cual no acudieron Vargas Ríos ni su abogado, Edgar Rodolfo Núñez Urquiza.
El asesor reconoció una cita no atendida, pero cuestionó su notificación y los obstáculos posteriores para presentar documentación y conocer la carpeta.
El juez Jorge Alberto López Salinas señaló que no se había acreditado debidamente la notificación invocada por la representación ministerial. Cuestionó que aquella inasistencia justificara dejar de recibir nuevas peticiones y documentos.
Declaró procedente el auxilio judicial y ordenó que, en cinco días hábiles, la Fiscalía señalara una cita para recibir la documentación. También dispuso realizar los actos de investigación conducentes, emitir un acuerdo fundado y motivado y permitir el acceso a la información relacionada con el inmueble, considerando las reservas correspondientes.
La resolución no determinó quién es propietario ni ordenó devolver la casa. Pero obligó a la institución a atender una reclamación que no podía cerrar simplemente por una inasistencia previa.
Posteriormente, una comunicación atribuida al agente del Ministerio Público Teodoro Rodríguez Zeferino notificó una comparecencia para el 1 de septiembre, dentro de la carpeta JO UEDCS/695/2026. Vargas Ríos asegura que acudió a presentar documentación y que, desde entonces, sigue sin una solución.
Más de dos meses después de la primera audiencia, su reclamación motivó una nueva convocatoria judicial.
En un acuerdo del 20 de octubre, el juez señaló las 09:00 horas del 28 de octubre para debatir el auxilio solicitado. El documento refiere que Vargas Ríos había insistido por escrito en su petición ante la negativa de atención que atribuye a la representación social.
La orden incluyó un apercibimiento dirigido expresamente a Teodoro Rodríguez Zeferino: si no comparecía, se le impondría una multa de veinte unidades de medida y actualización y se daría vista a su superior jerárquico por desacato a un mandato judicial.
Pese a esa advertencia, Vargas Ríos denunció en entrevista que no se presentó el Ministerio Público ni Karla Azucena Melchor Ocampo.
Para Vargas Ríos, la consecuencia sigue siendo la misma: permanece sin recuperar la casa que reclama, mientras debe insistir ante las autoridades para que examinen sus documentos y respondan.
La Fiscalía ya defendió que tuvo elementos para entregar el inmueble a otra persona. Ahora debe explicar qué verificó, quién autorizó esa decisión y qué respuesta dio a la reclamación posterior.
¿Qué hizo Karla Azucena Melchor Ocampo frente a los señalamientos? ¿Por qué no compareció Teodoro Rodríguez Zeferino al llamado judicial? ¿Qué resolvió la institución después de recibir los documentos del promovente?
La entrega del inmueble está reconocida. Las respuestas sobre la actuación de los servidores públicos siguen pendientes de documentarse.