Un juez de control vinculó a proceso a Reynaldo Martínez Mora por el delito de feminicidio en grado de tentativa, luego de que la Fiscalía Regional Metropolitana presentó datos de prueba que lo ubican presuntamente rociando gasolina a una mujer e intentando prenderle fuego con un cerillo.
De acuerdo con los apuntes de audiencia y los datos expuestos por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 7 de junio de 2026 cuando la víctima se encontraba en su domicilio acompañada por otras personas.
Según la declaración ministerial de la víctima, el imputado habría mantenido una relación sentimental con ella durante aproximadamente dos años y medio. Tras la ruptura, presuntamente comenzó una conducta de hostigamiento y amenazas.
La Fiscalía sostuvo que el día de los hechos Reynaldo Martínez Mora llegó al inmueble con una cubeta verde que contenía gasolina. La versión oficial refiere que arrojó el combustible sobre la víctima, particularmente en los pies, y posteriormente intentó encender un cerillo para consumar la agresión.
Sin embargo, de acuerdo con la teoría del caso presentada por el Ministerio Público, la intervención de terceros evitó que el hecho se consumara.
Lo que argumentó la defensa
La defensa rechazó la imputación y sostuvo que existen inconsistencias en la investigación.
Durante la audiencia señaló que no existe un dictamen pericial que confirme la presencia de gasolina en el cuerpo o calzado de la víctima, ni evidencia científica que demuestre que el imputado encendió un cerillo.
También argumentó que la primera declaración atribuida a la víctima no contendría algunos de los elementos que posteriormente fueron incorporados a la investigación y cuestionó la solidez probatoria para acreditar la intención homicida.
La defensa insistió en que los datos expuestos por la Fiscalía resultan insuficientes para sostener una tentativa de feminicidio.
Lo que resolvió el juez
Tras escuchar a las partes, el juez consideró que existían datos de prueba suficientes para establecer, en esta etapa inicial del proceso, la probable participación del imputado.
A las 13:17 horas dictó auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.
Asimismo, concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, cuyo vencimiento fue fijado para el 10 de agosto de 2026.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva argumentando la necesidad de proteger a la víctima y a los testigos, así como evitar riesgos procesales.
Contraste institucional
La Fiscalía sostiene que existió una conducta orientada a privar de la vida a una mujer mediante el uso de gasolina y fuego.
La defensa sostiene que faltan pruebas científicas para corroborar elementos centrales de esa hipótesis.
La resolución judicial no implica una condena ni acredita responsabilidad penal definitiva. Únicamente determina que existen elementos suficientes para que el proceso continúe.
Contexto judicial y de derechos humanos
El caso ocurre en un contexto donde las autoridades estatales mantienen protocolos específicos para investigar violencia feminicida y tentativa de feminicidio.
La valoración de riesgo feminicida incorporada al expediente adquiere relevancia procesal porque permite dimensionar antecedentes de violencia, amenazas y vulnerabilidad de la víctima.
El caso permanece en investigación.
No existe sentencia firme.
Se respeta la presunción de inocencia de la persona imputada.
La pregunta pendiente es si durante la investigación complementaria la Fiscalía logrará transformar los indicios iniciales en pruebas científicas suficientes para sostener la acusación en juicio.
Porque más allá de la vinculación, lo que está en juego es la capacidad del sistema de justicia para acreditar —o descartar— una tentativa de feminicidio con evidencia sólida y verificable.