A casi una década de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, las fiscalías estatales del país mantienen altos niveles de rezago, baja confianza ciudadana y una limitada capacidad para transformar denuncias en resultados judiciales.
El diagnóstico nacional de México Evalúa coloca a la procuración de justicia frente a una pregunta incómoda: ¿las fiscalías cambiaron de nombre o realmente cambiaron su forma de investigar?
El informe Radiografía de las Fiscalías en México: evaluar para fortalecer la procuración de justicia advierte que las reformas que transformaron procuradurías en fiscalías autónomas no han generado, por sí mismas, mejores resultados en investigación criminal ni una reducción significativa de la impunidad.
Según el estudio, al cierre de 2024 existían más de 2.6 millones de casos pendientes de conclusión en las fiscalías estatales del país.
Además, se documenta una utilización recurrente del archivo temporal, bajos niveles de judicialización y una escasa aplicación de mecanismos alternativos para resolver conflictos.
El diagnóstico también identifica un problema de legitimidad institucional.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública señala que 62.9 por ciento de las personas que identifican a las fiscalías considera que existe corrupción en esas instituciones. Paralelamente, la confianza ciudadana apenas alcanza 33 por ciento.
En el caso de Morelos, estas cifras adquieren relevancia en un contexto donde la Fiscalía General del Estado ha anunciado una estrategia institucional para reducir el rezago de carpetas de investigación, fortalecer capacidades ministeriales y recuperar la confianza ciudadana.
Sin embargo, los retos señalados por México Evalúa coinciden con cuestionamientos que han sido planteados recientemente desde el Congreso local sobre los bajos niveles de judicialización y el volumen de investigaciones que no llegan ante un juez.
CONTRASTE
Mientras el modelo constitucional plantea fiscalías autónomas, técnicas e independientes, el informe sostiene que en gran parte del país persisten prácticas heredadas del sistema inquisitivo.
La organización documenta que muchas fiscalías continúan operando bajo una lógica centrada en expedientes escritos y no en la construcción estratégica de casos para juicio oral. También advierte que la autonomía formal no necesariamente se ha traducido en independencia efectiva, profesionalización o rendición de cuentas.
En Morelos, la Fiscalía ha informado públicamente aumentos en cateos, órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso, además de la puesta en marcha de un programa institucional 2026-2030 orientado al combate de la impunidad.
Sin embargo, legisladores locales han cuestionado que más del 94 por ciento de las carpetas iniciadas no alcancen la etapa de judicialización, lo que coloca el debate en los resultados y no únicamente en los anuncios institucionales.
CONTEXTO JUDICIAL
Morelos forma parte de las entidades que operan bajo el modelo de fiscalía constitucionalmente autónoma.
No obstante, el estudio señala que la autonomía por sí sola no garantiza investigaciones eficaces si no existen controles internos, servicios profesionales de carrera, tecnología, transparencia y mecanismos de evaluación permanentes.
El reporte también alerta sobre la falta de controles tecnológicos en policías de investigación y la persistencia de esquemas burocráticos que dificultan la reducción de la impunidad.
La discusión ya no parece centrarse en si las fiscalías son autónomas en el papel.
La pregunta es otra:
¿Qué autoridad podrá demostrar, con resultados verificables, que esa autonomía se traduce en investigaciones efectivas, acceso a la justicia y reducción real de la impunidad para las víctimas en Morelos?
Porque el problema no es únicamente cuántas carpetas se abren. El problema es cuántas llegan a una verdad judicial.