La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) imputó a cinco servidores públicos de Morelos por presunta delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud. La acusación federal toma como base un video difundido el año pasado, donde aparecen reunidos presuntamente con un operador identificado como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en la zona oriente del estado.
De acuerdo con información del caso, la imputación alcanza a Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan; Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla; así como Horacio Zavaleta, secretario municipal; Pablo Adrián Portillo, oficial mayor; y Jonathan Espinoza, tesorero municipal de Cuautla.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que las personas detenidas fueron trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social Número 11, en Hermosillo, Sonora, donde quedaron bajo resguardo federal.
La audiencia inicial de formulación de imputación se celebró el jueves alrededor de las 16:25 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Distrito Judicial de Hermosillo.
El dato que modifica el alcance político y judicial del caso es el origen de la imputación: según la información recabada, la FEMDO sostiene parte de su acusación en el video donde presuntamente aparecen los alcaldes de Atlatlahucan y Cuautla reunidos con Jupiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado como presunto jefe de plaza del Cártel de Sinaloa.
Hasta ahora, no se ha informado públicamente qué otros datos de prueba fueron incorporados por la federación para robustecer la acusación.
No existe sentencia firme contra las personas imputadas y se respeta la presunción de inocencia.
El caso exhibe un elemento relevante: un material audiovisual difundido públicamente hace meses terminó convirtiéndose en pieza central de una investigación federal por delincuencia organizada.
La pregunta inevitable es otra: ¿Por qué una reunión que ya era conocida públicamente derivó en una acción federal hasta ahora?
El contraste institucional también queda expuesto.
Mientras el video circuló públicamente durante meses en Morelos sin consecuencias judiciales visibles inmediatas, la intervención federal terminó trasladando el caso fuera del estado y judicializándolo bajo el esquema de delincuencia organizada.
El juez federal impuso prisión preventiva oficiosa a las cinco personas ahora imputadas.
Sin embargo, las defensas solicitaron la ampliación del plazo constitucional a 144 horas, por lo que será hasta el próximo martes 26 de mayo cuando el juez determine si los vincula o no a proceso.
Es decir: el caso aún se encuentra en etapa inicial.
La situación jurídica definitiva todavía no está resuelta.
Sobre Arisbel Rubí Vázquez Amaro, excandidata a una alcaldía y también detenida en el operativo, continúa sin claridad pública cuáles son los cargos exactos que enfrenta ni el estado procesal de su caso.
La zona oriente de Morelos vuelve así al centro de una investigación federal que mezcla política municipal, presuntos vínculos criminales y estructuras de gobierno local.
Y mientras la federación avanza judicialmente, persiste una ausencia de explicaciones públicas claras por parte de autoridades municipales y estatales sobre el alcance real de las investigaciones.
Porque el caso ya no sólo trata de un video.
La investigación ahora busca determinar si existieron vínculos operativos entre actores políticos y estructuras criminales en Morelos.
Y eso coloca nuevamente bajo presión a los mecanismos de control institucional del estado.