Personas privadas de la libertad del área femenil del Centro de Reinserción Social Morelos, ubicado en Atlacholoaya, Xochitepec, denunciaron presuntos actos de maltrato, amenazas, negligencia médica, cobros irregulares y agresiones físicas dentro del penal, señalando directamente a mandos penitenciarios y custodias. Las acusaciones fueron plasmadas en escritos dirigidos a autoridades judiciales y organismos de derechos humanos el pasado 20 de mayo de 2026.
De acuerdo con los documentos entregados por internas del penal femenil de Atlacholoaya, las denunciantes acusaron presuntamente a la directora del centro penitenciario, identificada como Blanca Yadira Ceniceros Alemán, así como a personal de custodia y coordinación, de mantener prácticas que calificaron como “tratos crueles e inhumanos”.
En los escritos, cuya autenticidad no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, las mujeres privadas de la libertad aseguraron que existen presuntas amenazas de traslados, restricciones arbitrarias, falta de atención médica y cobros para permitir el ingreso de ropa, tenis u otros objetos.
Las denunciantes también señalaron que presuntamente algunas custodias habrían realizado revisiones invasivas y agresiones físicas. Además, afirmaron que personal penitenciario habría ignorado solicitudes de atención psicológica, médica y medicamentos.
Uno de los escritos refiere que una interna con padecimientos como diabetes, anemia y problemas pulmonares se declaró en huelga de hambre hasta ser escuchada por un juez. La mujer afirmó que había sido enviada contra su voluntad al área de locutorios y responsabilizó a autoridades penitenciarias de cualquier afectación a su integridad física.
Las cartas también mencionan presuntos actos de humillación, discriminación y violencia verbal dentro del centro penitenciario. Algunas internas afirmaron que existen personas privadas de la libertad utilizadas como mecanismos de control interno.
El penal de Atlacholoaya ha sido señalado en distintos momentos por denuncias relacionadas con presuntas irregularidades operativas, corrupción interna y condiciones de reclusión cuestionadas por familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Las nuevas acusaciones surgen en un contexto donde el sistema penitenciario de Morelos enfrenta constantes señalamientos por presuntas omisiones en atención médica, gobernabilidad interna y supervisión institucional.
Hasta el momento, la Coordinación del Sistema Penitenciario de Morelos no ha emitido un posicionamiento público sobre los señalamientos contenidos en los escritos.
Tampoco existe información oficial que confirme la apertura de investigaciones administrativas o penales relacionadas con las denuncias.
Sin embargo, los documentos exhiben un patrón recurrente en las acusaciones:
- presunta falta de atención médica,
- amenazas de traslado,
- cobros irregulares,
- y ausencia de mecanismos efectivos de escucha institucional.
Mientras las internas afirman que sus peticiones son ignoradas, no existe evidencia pública de visitas extraordinarias de supervisión o pronunciamientos de organismos estatales sobre las condiciones denunciadas.
El caso no cuenta hasta ahora con una resolución judicial ni con investigaciones oficialmente judicializadas. Las denuncias forman parte de escritos dirigidos a jueces y autoridades competentes, por lo que los hechos se encuentran en etapa preliminar.
No existe sentencia firme ni determinación oficial sobre responsabilidad de servidores públicos mencionados en los documentos. Se respeta la presunción de inocencia.
No obstante, los señalamientos podrían derivar en investigaciones por posibles violaciones a derechos humanos, abuso de autoridad, omisiones médicas o actos de corrupción dentro del sistema penitenciario estatal.
Las cartas revelan algo más profundo que una denuncia aislada: la posible ausencia de mecanismos eficaces de supervisión dentro del penal femenil de Morelos.
La pregunta sigue abierta:
¿Quién vigila al sistema penitenciario cuando las propias internas aseguran que nadie las escucha?
Porque el fondo del caso no es únicamente lo que ocurre dentro de una celda.
Es cómo responde —o falla— el Estado frente a denuncias de violencia institucional.